Página web: http://epaa.asu.edu/ojs/ Artículo recibido: 22-12-2017 Facebook: /EPAAA Revisiones recibidas: 13-4-2018 Twitter: @epaa_aape Aceptado: 30-4-2018 archivos analíticos de políticas educativas Revista académica evaluada por pares, independiente, de acceso abierto y multilingüe Universidad de San Andrés y Arizona State University Volumen 26 Número 96 30 de julio 2018 ISSN 1068-2341 La ‘Torre de Marfil’ como Apuesta Segura: Políticas Científicas y Evaluación Académica en México Federico Vasen Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México* México Citación: Vasen, F. (2018). La ‘torre de marfil’ como apuesta segura: Políticas científicas y evaluación académica en México. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 26(96). http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v26.3594 Resumen: El presente artículo se ocupa de analizar las señales que reciben los investigadores sociales en México respecto al tipo de producción que se espera de ellos a través de la evaluación académica en programas de pago al mérito. Se contrasta el discurso público institucional plasmado en documentos oficiales con los criterios de evaluación utilizados y con la descripción del proceso que realizan los propios evaluadores. El trabajo se basa en análisis documental y entrevistas semi- estructuradas a evaluadores. La conclusión principal del estudio es que existe una asimetría entre el discurso público de las políticas científicas y las conductas que se premian en las prácticas efectivas de evaluación. Mientras a nivel político se impulsa un modelo de científico comprometido con el medio y las actividades de vinculación y movilización, en la evaluación académica se incentiva un perfil clásico. Esta desarticulación podría explicarse por la habilidad de los científicos para influir en * El autor agradece al programa de becas posdoctorales de la UNAM por el financiamiento otorgado para realizar esta investigación con sede en el Instituto de Investigaciones Sociales y al CONICET de Argentina por el apoyo en la etapa de escritura final del trabajo. http://epaa.asu.edu/ojs/ http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v26.3594 Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 2 el contenido de las políticas y adecuarlas a sus intereses. Por otra parte, desde la lógica de los hacedores de política, el peso que las publicaciones internacionales tienen para los ránkings podría relevar a los científicos de dar otra justificación de la importancia de su labor. Palabras clave: evaluación académica; ciencias sociales; transferencia de conocimiento; México; políticas científicas; programas de pago al mérito The ‘ivory tower’ as safe bet: Science policies and research evaluation in Mexico Abstract: The article analyzes the signals received by social researchers in Mexico regarding the type of production expected from them in merit pay programs. The institutional public discourse embodied in official documents is contrasted with the description of the evaluation carried out by the evaluators themselves. The research is based in document analysis and semi-structured interviews to evaluators. The main conclusion of the study is that there is an asymmetry between the public discourse of the institutions and the behaviors that are rewarded in the evaluation practices themselves. While the political discourse promotes a model of researcher committed to knowledge transfer and mobilization activities , academic evaluation practices encourage a classic academic profile. These contradictions could be explained by the ability of scientists to influence the content of policies in pursuit of their own interests. On the other hand, from the point of view of policymakers, the weight that international publications have for university rankings could exempt scientists from giving another justification for the importance of their work. Key words: research assessment; social sciences; knowledge transfer; Mexico; science policies; merit-pay programs A 'torre de marfim' como uma aposta segura: Políticas científicas e avaliação acadêmica no México Resumo: Este artigo trata da análise dos sinais recebidos pelos pesquisadores sociais no México quanto ao tipo de produção que se espera deles através da avaliação acadêmica em programas de pagamento por mérito. O discurso público institucional incorporado nos documentos oficiais contrasta com os critérios de avaliação utilizados e a descrição do processo realizada pelos próprios avaliadores. O trabalho baseia-se em análise documental e entrevistas semiestruturadas com avaliadores. A principal conclusão do estudo é que existe uma assimetria entre o discurso público das políticas científicas e os comportamentos que são recompensados em práticas efetivas de avaliação. Enquanto no nível político é promovido um modelo de cientista comprometido com o meio e as atividades de articulação e mobilização, na avaliação acadêmica é estimulado um perfil clássico. Essa desarticulação pode ser explicada pela capacidade dos cientistas de influenciar o conteúdo das políticas e adaptá-las aos seus interesses. Por outro lado, da lógica dos formuladores de políticas, o peso que as publicações internacionais têm para os rankings poderia eximir os cientistas de dar outra justificativa para a importância de seu trabalho. Palavras-chave: avaliação acadêmica; ciencias sociais; transferência de conhecimento; México; políticas científicas; programas de pagamento por mérito La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 3 Introducción La evaluación del personal y de las instituciones académicas es un campo que ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas. En este contexto, los métodos bibliométricos han ido ganando relevancia y restringiendo potencialmente el margen de acción que tenían tradicionalmente los comités de pares (ACSB, 2012; Castellani, Valente & Pontecorvo, 2016; Hicks et al, 2015). La definición de producto de investigación se ha vuelto cada vez más estrecha, y descansa en buena medida en la pertenencia de las revistas académicas en las que los investigadores publican a determinadas bases de datos o indexadores. Globalmente esto se expresa en una tendencia no sólo a publicar cada vez más—publish or perish—sino a publicar cada vez “mejor”. En el contexto actual, una publicación “mejor” no es necesariamente una de mejor calidad académica, sino aquella que ha aparecido en una revista con mejores indicadores. En simultáneo a estas tendencias, que buscan mayores precisiones acerca de lo que es un producto académico de calidad aceptable, los marcos conceptuales que guían la política científica y de innovación se encuentran cada vez más orientados a la generación de conocimiento aplicable (Hessels & van Lente, 2008). Las universidades, a su vez, han ido transformando el discurso público en torno a su rol en la sociedad. Si bien el debate no ha estado exento de fuertes controversias ideológicas, puede afirmarse que las instituciones de educación superior han incorporado dentro de sus misiones la transferencia de conocimientos y la vinculación tecnológica (Naidorf, 2009; Schugurensky, 2007; Slaughter & Leslie, 1999). En este marco general se esperaría entonces que los incentivos para los investigadores premiaran este tipo de vinculaciones o trabajos colaborativos que apuntan a la generación de ganancias externas y al impacto social del conocimiento. Sin embargo, esto no siempre es así, y ciertamente no parece serlo en México. En ese país los sistemas que mayores señales dan a los académicos son fundamentalmente los estímulos económicos que se perciben por fuera del salario ordinario. Algunos son de alcance federal como el Sistema Nacional de Investigadores, gestionado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología1 mientras otros se gestionan a nivel institucional de las universidades (Galaz Fontes & Gil Antón, 2013). La hipótesis de este trabajo es que existe una desarticulación entre los objetivos centrales de las políticas públicas de ciencia y tecnología y las señales que reciben los investigadores acerca del tipo de conducta que se considera deseable. Sostenemos que mientras el discurso de la política científica impulsa la agenda del conocimiento aplicado y transferible, los incentivos se alinean con la forma clásica de concebir la tarea académica. De acuerdo a estavisión clásica, la misión fundamental de los académicos es producir conocimiento científico de calidad y validarlo a través de los pares expertos. El impacto social del conocimiento es una tarea que no les compete directamente. La imagen de la universidad como un espacio alejado de las problemáticas sociales se ha plasmado, con matiz crítico, en la metáfora de la “torre de marfil” (Shapin, 2012). Hoy las presiones a las que los académicos están sujetos han relativizado fuertemente la vigencia de esta concepción clásica del quehacer académico. Ese arquetipo, si bien ya no es necesariamente dominante, sigue teniendo vigencia como representación colectiva (Henkel, 2005; Lam, 2010). Un espacio donde la tensión entre este modelo clásico y el impulso a una ciencia más aplicada y transferible podría evidenciarse muy claramente es el de la evaluación de las actividades de vinculación y transferencia2. Mientras en el modelo clásico estas actividades se verían con 1 Cabe destacar que estos programas ofrecen un estímulo o compensación salarial pero no otorgan subsidios para investigar. Es decir, no costean bibliografía, instrumental, viáticos, infraestructura, etc. 2 Por vinculación y transferencia entendemos las actividades que realizan los investigadores en coordinación con actores externos demandantes de conocimiento. Pueden estar formalizadas a través de contratos de Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 4 desconfianza e incluso con desdén, la concepción más centrada en la investigación aplicada y la innovación las vería como logros sustantivos. En el presente trabajo nos ocupamos de analizar esta cuestión haciendo foco en un campo disciplinar específico: el de las ciencias sociales. Este área, junto con las artes y humanidades, constituye un ‘campo problema’ para las políticas científicas, dado que su forma de producir y transferir conocimiento tiene diferencias cualitativas con el de las ciencias biológicas, naturales y las ingenierías (Frodeman et al., 2003). La aplicación del conocimiento social tiene destinatarios y metodologías distintas a los de las ciencias naturales. Las políticas científicas no suelen tener en cuenta estas diferencias e intentan –habitualmente sin éxito- que las ciencias sociales y humanidades se amolden a un modelo de transferencia que no fue diseñado pensando en ellas (Vasen, 2012). Recientemente se han propuesto algunos conceptos para pensar la especificidad de los procesos en estas disciplinas. Entre ellos se destaca el de movilización del conocimiento, propuesto originalmente por el Social Science and Humanities Research Council de Canadá, que se ha introducido también en la discusión latinoameicana (Naidorf, 2014). En términos más amplios, el presente trabajo se inserta en una corriente cada vez mayor de estudios sobre evaluación académica (Hicks, 2013; Kreimer, 2011; Lamont, 2009; Whitley et al., 2010). Particularmente, nos guiamos por aquellos trabajos que han destacado la necesidad de un enfoque ‘micropolítico’ para entender lo que realmente sucede en las prácticas de evaluación (Wouters, 2014). Kaltenbrunner y de Rijcke (2016) señalan que los hacedores de política usualmente trabajan con supuestos muy generales acerca de cómo se dan de facto los procesos de evaluación y cómo se adaptan los científicos a ellos. Estos autores remiten a una limitación metodológica como posible causa. Mientras desde la política se utiliza habitualmente el análisis de documentos oficiales o estudios bibliométricos, estas preguntas requieren un abordaje más de carácter cualitativo a través de entrevistas o etnografías. Los trabajos de Rushforth y de Rijcke (2015) y Bruun-Jensen (2011), se insertan en esta tradición de estudios. En esta oportunidad, proponemos también trascender un enfoque metodológico basado únicamente en datos cuantitativos y documentos oficiales para comprender las señales que reciben los investigadores de parte del sistema de evaluación3. De allí surge nuestro énfasis e interés en realizar entrevistas a los evaluadores con el fin de precisar cuáles son los criterios que operan en la práctica como sustento de sus decisiones. Por otra parte, también cabe destacar los estudios previos que se han realizado sobre los estímulos académicos en México (Buendía et al., 2017; de Ibarrola, 2005; Didou & Gérard, 2010; Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2005 y 2014; Ibarra Colado, 2000; Neff, 2018, entre muchos otros) y sobre la evolución de la profesión académica en el país (Galaz Fontes & Gil Antón, 2009; Grediaga et al., 2004). La evolución de los sistemas de evaluación en México es parte además de una tendencia más general en las políticas públicas hacia la evaluación, que autores han caracterizado con conceptos como audit society (Power, 1999) o evaluation society (Dahler-Larsen, 2011). A través de una investigación empírica original, este trabajo busca problematizar la figura del académico en su función de evaluador, y las tensiones entre sus creencias y el papel que debe desempeñar. Esto permitirá también dejar de considerar al investigador como un agente pasivo en la transferencia de tecnología o de convenios de asistencia técnica. Generalmente el investigador obtiene una compensación económica por realizar estos trabajos. Si bien la demarcación es difícil, se supone que, a diferencia de las actividades de consultoría profesional, en la transferencia de conocimientos existe una creación de conocimiento original por parte de los investigadores y no una mera sistematización de información disponible previamente. 3 En América Latina también ha predominado la metodología basada en análisis cuantitativos y de documentos oficiales, como puede apreciarse en la mayoría de los capítulos recogidos en Casas y Mercado (2015). La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 5 construcción de la evaluación sino como un constructor de las prácticas que son repudiadas por un sector de la comunidad. Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los trabajos sobre estímulos, intentamos poner en contacto los programas de pago al mérito con los discursos generales en torno al papel que la ciencia, tecnología y la innovación juegan en el discurso político. El análisis que realizamos aborda la interacción y las desarticulaciones entre tres planos: el nivel de los documentos políticos, el de las normativas que regulan los programas de estímulos y finalmente el de la práctica efectiva de los evaluadores. Se toman como caso dos programas de estímulos, uno nacional (Sistema Nacional de Investigadores - SNI) y otro institucional (Programa de Primas al Desempeño para el Personal de Tiempo Completo de la UNAM - PRIDE). El trabajo se desarrolla en tres secciones. En la primera se analiza el discurso de las políticas públicas de ciencia y tecnología en México y las institucionales de la UNAM. En el segundo apartado, focalizamos en los lineamientos explícitos de los dos programas analizados. Finalmente en el tercer apartado, analizamos el discurso de los miembros evaluadores de estos programas en torno a la valoración de las actividades de transferencia. El artículo está basado en un trabajo de análisis documental y de entrevistas semi estructuradas a autoridades institucionales de la UNAM y miembros de comisiones evaluadoras del área de ciencias sociales, tanto del PRIDE como del SNI. Las entrevistas a evaluadores buscaron ir más allá de la información obtenida de documentos oficiales. En total se realizaron 16 entrevistas en el periodo mayo-diciembre 2016. Del total de entrevistas a evaluadores (13), 8 pertenecían al SNI y 5 al PRIDE. De ellos, 5 son mujeres y 8 hombres. A nivel temático, los entrevistados se inscribían en las siguientes disciplinas: sociología, economía, derecho, ciencia política, geografía, comunicación y administración. En el caso de los 8 evaluadores del SNI, 3 se encontraban radicados en la Ciudad de México y los 5 restantes en otros estados de la República. En cuanto al tipo de institución a la que pertenecen, 5 son académicos de universidades públicas y los 3 restantes de centros públicos de investigación. En las entrevistas, las preguntas tendieron a indagar cuál es la dinámica de evaluación que adoptan en las comisiones y las reglas o criterios no escritos con los que proceden. De este modo, se buscó contraponer los lineamientos oficiales de las políticas y programas con el discurso de los protagonistas de las prácticas evaluativas. Los diálogos fueron trascritos en su totalidad y codificados con un software de análisis cualitativo de datos. Por último, cabe señalar que se han realizado pequeñas modificaciones a los extractos con el fin de resguardar el anonimato de los entrevistados. A continuación de cada cita, se indica solamente un código interno y el programa de estímulos en el que se desempeña como evaluador. El Discurso de las Políticas Públicas y Universitarias En esta sección se retomarán documentos relativos a la política nacional de ciencia y tecnología y a las políticas institucionales de la UNAM con respecto a la valoración de las actividades de transferencia. Las Políticas Públicas del Gobierno Federal Los Programas Especiales de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI), que constituyen los documentos marco para la política del sector, asignan a las universidades una misión que va más allá de la producción de conocimiento académico y la formación de recursos humanos calificados. Se espera de ellas también la posibilidad de transferir conocimiento y responder a los retos de la competitividad y una contribución a la solución de problemas nacionales (Calderón Martínez et al., 2015). En el programa del 2001, por ejemplo, se menciona la importancia de “una alta vinculación de los Centros Públicos de Investigación y de Instituciones de Educación Superior con usuarios de Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 6 los sectores productivo público y social, donde se usa el conocimiento para la toma de decisiones.” (CONACYT 2001, p. 64). Se impulsan en consecuencia procesos de vinculación para que los productos académicos aplicados aporten a sectores empresariales y sociales, y se fomenta el patentamiento. Todo ello en pos de una mayor competitividad y capacidad innovativa de la industria mexicana. En la versión de 2008 del PECITI, Calderón Martínez et al. (2015) destacan la inclusión de metas porcentuales mínimas con respecto a la cantidad de proyectos que deberían atender a necesidades de sectores vulnerables de la población. En el caso de las ciencias sociales y humanidades este porcentaje ascendió al 80%. En la versión más reciente del programa de 2014, se resalta una vez más que “es importante abarcar las áreas que el mercado por sí mismo no cubre; se plantea entonces otorgar especial atención al uso de la ciencia para atender problemas nacionales.” A la vez se sostiene que será el periodo siguiente al actual (2019/2024) en el que se pondrá el foco en “potenciar las capacidades de CTI orientadas hacia los sectores estratégicos y las necesidades sociales, y acelerar la innovación” (CONACYT, 2014, p. 49). Por otra parte, el Programa de Desarrollo Innovador (2013-2018) de la Secretaría de Economía (2013), hace hincapié en el rol de la universidad como productora de innovaciones y enfatiza su vinculación con otros actores. Las estrategias 1.6. y 2.6. del mencionado programa mencionan explícitamente el modelo de la Triple Hélice de vinculaciones entre universidad, industria y Estado como un camino para promover la innovación4. Las siguientes palabras del director general del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, resumen la orientación general que se busca darle a la política de ciencia y tecnología en el país: La llamada economía del conocimiento posiciona al conocimiento y la información como los principales motores de la competitividad y desarrollo de largo plazo. Trae consigo la existencia de mercados en los que los métodos, aplicaciones, desarrollo tecnológico y la capacidad de innovación generan oportunidades de crecimiento económico y prosperidad. En esa dirección se deben dirigir los esfuerzos para impulsar la agenda científica, tecnológica y de innovación en México. (CONACYT 2014, p. 9) Cabe destacar sin embargo que si bien la tónica general de los documentos apunta a la importancia de aumentar el conocimiento aplicado y su vinculación y utilidad para otros actores sociales, todos los documentos en un apartado mencionan la importancia de la consolidación de capacidades de producción de conocimientos y aumentar el nivel y la cantidad de las publicaciones científicas. Allí es donde se destaca el Sistema Nacional de Investigadores, como el instrumento que ha permitido “la estandarización de la investigación que se hace en el país con niveles internacionales. También ha sido pieza clave en los procesos de evaluación individual de la labor de los investigadores, de sus instituciones y de los programas educativos en los que participan.” (CONACYT, 2014, p. 25). El principal instrumento del CONACYT que sirve a la lógica de la ciencia básica es el Sistema Nacional de Investigadores. Fue creado en 1984 en el marco de una fuerte crisis presupuestaria en el sector científico, que había deprimido fuertemente los salarios. Dada la imposibilidad de dar un aumento generalizado para todo el sector de los trabajadores de la educación superior, se optó por un esquema selectivo de pago de suplementos por mérito. De esta forma no sólo se resolvía el problema económico más acuciante sino que también se generaba un sistema de evaluación de la actividad científica que permitía imponer pautas de desempeño en forma centralizada. A su vez, se 4 Es interesante señalar que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en México no se han implementado iniciativas para fomentar la transferencia con objetivos sociales antes que económicos, como los programas de innovación para la inclusión (Casas, 2015). En este sentido, las políticas siguen ancladas en la idea de competitividad económica y no se identifican señales del giro hacia objetivos sociales que puede apreciarse en la política de CTI en otras latitudes (Vasen, 2016). La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 7 impulsaba un proceso de deshomologación salarial que disminuía el poder de negociación de los sindicatos (Canales Sánchez, 2011; de Ibarrola, 2005). Uno de sus creadores lo describió de la siguiente manera: Una forma simple de apoyo a la ciencia en México: identificar, por medio de comités formados por científicos reconocidos, a aquellos investigadores que de veras investigaban y dar a éstos un reconocimiento mensual, indexado según su producción científica. (Malo & Flores, 1994, en de Ibarrola, 2005). En el fragmento puede apreciarse por una parte el énfasis en el de veras, que muestra desde el comienzo la intención de realizar un tamiz sobre todos aquellos que se autodenominan investigadores. Subyace a este planteo la idea de que no se puede confiar en que todo el personal de tiempo completo de las universidades realice realmente estas actividades. Por otra parte, al señalar que la evaluación se realizará a través de comités de científicos reconocidos, se señala otra de las características del sistema: el peso de la propia comunidad académica en el proceso de toma de decisiones. Si bien es cierto que las comisiones evaluadoras son asesoras y no resolutivas, el diseño y la cultura institucional del SNI, impulsa que sea la racionalidad académica la que prime, por sobre la burocrática o política5. Retomando entonces el hilo conductor del artículo, puede decirse que, por una parte, el discurso general de las políticas de CTI en México señala fuertemente la importancia de la vinculación social y productiva, a través de prioridades e instrumentos de interacción entre productores y potenciales usuarios de conocimientos. Sin embargo, el Sistema Nacional de Investigadores, que constituye el instrumento de política científica del gobierno federal que mayor influencia tiene en los investigadores, pues impacta directamente en su ingreso mensual, no se inscribe en esta lógica. Sus criterios, como veremos en la próxima sección, están vinculados a la cultura académica clásica. El Discurso de la Política Institucional Universitaria Además del discurso de la política científica nacional, las propias instituciones de educación superior redactan, para sus ámbitos internos, normativas y directrices que establecen la forma en que conciben los propósitos de la producción de conocimiento científico. En este sentido, podría darse una divergencia entre lo considerado deseable por los organismos nacionales y lo sostenido por las propias universidades. Basados en el texto de Casas, Corona y Suárez (2017), revisamos a continuación el discurso de la UNAM. De acuerdo con la Ley Orgánica y el Estatuto General de la universidad, sus funciones sustantivas son impartir educación superior para formar universitarios útiles a la sociedad, realizar investigaciones vinculadas a los problemas nacionales y extender la cultura de la forma más ampliamente posible. Si bien en estos documentos no figura explícitamente la vinculación con la sociedad como una misión diferenciada, la UNAM ha desarrollado diversas acciones a lo largo de su historia para fomentar estas relaciones. En las décadas de 1980 y 1990 se impulsó la vinculación con el sector empresarial, a través de la creación del Centro para la Innovación Tecnológica en 1984, que fue progresivamente perdiendo fuerza. En 2008 se le da un nuevo impulso a esta misión a través de la creación de una Coordinación de Investigación y Desarrollo dependiente del rectorado con el propósito de apoyar la transferencia de tecnología generada en la UNAM al sector público, social y privado. La principal acción llevada adelante por la coordinación se vincula con la promoción del emprendedurismo y la incubación de empresas. 5 Véase el texto de Elzinga y Jamison (1996) y Vasen (2014) para una explicación más detallada sobre las culturas y racionalidades que permean la política científica y universitaria. Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 8 Los Planes de Desarrollo Institucional (PDI) de la UNAM más recientes le asignan un papel central a la transferencia de conocimientos. El PDI 2011-2015 incluye la intención de aumentar la participación de las investigaciones de la UNAM en desarrollos tecnológicos y políticas públicas relevantes para los problemas principales del país. En la edición 2015-2019 del PDI, la misión de vinculación aparece jerarquizada a través de su inclusión dentro de las funciones específicas de la UNAM, junto con docencia, investigación, extensión, difusión y gestión. A su vez se impulsa una orientación interdisciplinaria para la investigación. De esta manera, podría tener lugar la necesaria integración de conocimientos que permita abordar problemas sociales complejos. En este breve repaso, puede observarse que al igual que en las políticas nacionales, los documentos institucionales de la universidad también enfatizan la importancia de la transferencia a la sociedad y la vinculación. Este énfasis sin embargo es mucho más matizado que en los documentos nacionales, y su impulso parece ser más contingente, con mayores variaciones de acuerdo al periodo. Sin embargo, es necesario destacar que al igual que con lo que sucede a nivel nacional, existe un sistema de pago al mérito al interior de la universidad, el PRIDE, que tiene gran influencia sobre los investigadores, pues impacta directamente en su salario. Como veremos en la próxima sección, en el PRIDE, al igual de lo que sucede con el SNI, los criterios y la práctica concreta de las evaluaciones no asignan mayor relevancia al componente “vinculación” en las evaluaciones. Estos sistemas se han convertido en una forma de comparar el desempeño de las unidades académicas, tanto a nivel federal en el SNI como a nivel intra universitario en el caso del PRIDE. De esta forma, se generan incentivos a los directores de institutos y facultades para “rankear mejor”6 frente a otras instituciones en el PRIDE o el SNI, y termina asignando un peso político fundamental a los criterios empleados en las evaluaciones de estos programas. Los Criterios Explícitos En esta sección nos proponemos avanzar desde los discursos más generales sobre política científica y tecnológica hacia los criterios concretos que son utilizados en la evaluación del personal académico. Como se señaló previamente, se hará foco en un campo disciplinar particular (las ciencias sociales), y en dos programas de estímulos (el Sistema Nacional de Investigadores y el PRIDE de la UNAM). Sistema Nacional de Investigadores En el caso del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, los lineamientos son específicos para el área de Ciencias Sociales (“área V”), que agrupa a las disciplinas de Administración, Ciencia Política, Comunicación, Contabilidad, Demografía, Derecho, Economía, Geografía, Sociología y Prospectiva (CONACYT, 2015). Se señalan como áreas para la evaluación: (a) la generación de productos de investigación, (b) la participación en actividades educativas, (c) liderazgo, (d) infraestructura, y (e) divulgación de la ciencia. De estas cinco, la primera es sin lugar a dudas la de mayor peso relativo. Respecto a los productos de investigación, se listan los distintos tipos considerados, que incluyen artículos en revistas, libros y capítulos de libros académicos, patentes y certificados de invención, software, y asesorías especializadas. En el caso de los artículos, se señala que se da preferencia a las revistas internacionales y las del padrón de CONACYT en el caso de las nacionales. 6 Es decir, contar con más investigadores miembros de estos sistemas, y más investigadores en las categorías más altas de los mismos. La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 9 Se aclara que si una revista es nueva y muestra arbitraje estricto y calidad también será considerada incluso si no pertenece al padrón7. El documento hace hincapié en la importancia de la producción individual e incentiva a los investigadores a realizar publicaciones individuales y no sólo colectivas en conjunto con otros autores. También señala algunos criterios muy generales para el caso de las patentes y desarrollos tecnológicos y se afirma que se evaluará positivamente el aporte a la solución de problemas sociales o productivos del país. Esto último parece ir en la dirección general de las políticas públicas de CTI, fomentando la aplicación y transferencia del conocimiento. Sin embargo, como veremos en la sección próxima, la afirmación tiene un peso meramente simbólico en la evaluación efectiva. Por otra parte, se aprecia que la evaluación de la producción científica considera las características específicas del campo de las ciencias sociales. Se valoran por ejemplo los capítulos y coordinación de libros, la publicación de un libro de autor único, o las traducciones, que son tareas que en otras áreas de la ciencia no comportan necesariamente un mérito especial. La atención a las particularidades de las ciencias sociales para el caso de la producción tecnológica o transferencia de conocimientos es más dudosa. Allí solo se mencionan criterios muy generales ligados a patentes, producción de software, etc. que difícilmente responden a los desafíos de la transferencia de conocimiento en las ciencias sociales8. Programa de Primas al Desempeño del Personal de Tiempo Completo (PRIDE) de la UNAM El otro programa institucional que tomaremos en consideración es el PRIDE de la UNAM. Como han señalado Cordero Arroyo et al. (2003), los programas institucionales de estímulos difieren del SNI en los criterios de evaluación para el personal académico, en la medida que valoran otros aspectos del trabajo. En el caso del PRIDE, los rubros a evaluar son cinco: (a) formación y trayectoria global, (b) labores docentes y formación de RR.HH., (c) productividad académica, (d) difusión y extensión y (e) participación institucional y servicio a la comunidad (Canales Sánchez, 2001; DGAPA, 2014). De acuerdo a los criterios vigentes desde 2014, se especifican las siguientes pautas, que son comunes a todas las áreas del conocimiento. En el caso de formación académica y trayectoria global, se señala que se valorarán los grados académicos obtenidos, el nivel de madurez académica de su obra, el liderazgo y el impacto de su trabajo. En cuanto a la docencia y formación de RR.HH., el documento aclara que este rubro es requisito indispensable para acceder a cualquier nivel de los estímulos. El tercer rubro de evaluación, productividad académica, declara tener en cuenta la producción científica (artículos, arbitrados, reportes técnicos, ponencias, libros, capítulos, etc.), la producción tecnológica (patentes, prototipos, etc), producción artística y humanística (textual y no textual), la participación en proyectos ligados a infraestructura académica o de investigación y las actividades de vinculación y transferencia de conocimiento con el sector público, industrial y social. El cuarto componente ligado a difusión y extensión reúne el trabajo realizado a través de libros y artículos de divulgación, conferencias, organización de eventos, exposiciones, trabajo museográfico, participación en medios 7 Cabe destacar que CONACYT ha desarrollado un nuevo sistema de clasificación de revistas académicas nacionales que reemplaza al Padrón. Al respecto, ver Vasen y Lujano (2017) y Alperín y Rozenblum (2017). No se cuenta con información acerca de si esto ha tenido impacto en las evaluaciones del SNI. 8 Investigadores del Centro de Investigaciones en Antropología Social presentaron una carta ante CONACYT (CIESAS, 2017), en la que sostienen que la nueva versión de la plataforma de captura de información curricular CVU, en su sección vinculada con la transferencia, está diseñada pensando en la vinculación con empresas y no en la transferencia social. El CONACYT ha desmentido esto en su respuesta y afirmado que se valoran todos los tipos de transferencia (El Universal, 2017). Ver también Sefchovich (2017). Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 10 de comunicación, etc. Por último, se valorará como participación institucional y servicios a la comunidad el desempeño en cuerpos colegiados, comités editoriales, comités evaluadores de programas institucionales, revisión de planes de estudio, jurado de concursos y premios y servicios a la comunidad de variado tipo. Similitudes y Diferencias entre los Criterios de Evaluación de los Programas En primer lugar, cabe destacar la diferencia de énfasis en los rubros que se desprende de los lineamientos de cada programa. Mientras la docencia ocupa un papel indispensable en el PRIDE, en el SNI tiene un papel mucho menos importante que los productos de investigación. Por otra parte, la participación institucional en las comisiones internas de los institutos y en el gobierno universitario es valorada por el PRIDE pero no aparece destacada claramente en los criterios del SNI. Estas son tareas que ocupan mucho tiempo a los investigadores y que aquellos que únicamente aspiran a mejorar en el SNI pueden verse tentados a desatender. A diferencia de lo que muchos investigadores sostienen respecto de la existencia de una “puntitis”9, en ninguno de los programas aparece explícitamente un enfoque cuantitativo en los criterios, y menos aún menciones directas a indicadores bibliométricos. En el caso del acceso a la categoría más alta del PRIDE, se menciona la importancia de las “revistas indexadas de alto impacto” pero no se aclara la forma de medir el impacto (CAACS, 2013). También se hace referencia a la importancia del índice de revistas de CONACYT, y se aclara que se valorarán las citas recibidas por los trabajos pero no se detalla una metodología específica para ello. Al igual que en el caso del SNI, los criterios parecen ser fundamentalmente cualitativos y asignan un importante margen de decisión a las comisiones dictaminadoras, en la medida en que son pocos los criterios que pueden objetivarse de manera taxativa para asignar una determinada categoría. En el caso del SNI los criterios aparentemente menos sujetos a interpretación de la comisión son: el grado de doctor y al menos una publicación académica para el nivel inicial de “candidato”, las cinco publicaciones o un libro para el nivel 1 y la dirección de tesis finalizadas para el nivel 2. En el caso del PRIDE, son menos los requisitos que no están sujetos al criterio de la comisión. Quizás el más fuerte sea lo ligado a la docencia. Para el nivel más alto del PRIDE, el dictado de un curso semestral en la universidad aparece como un requisito esencial para los investigadores no compensable con otros méritos. En lo que hace a la transferencia, ninguno de los dos sistemas posee criterios detallados al respecto, más allá de listar potenciales productos de tipo tecnológico que podrían ser valorados. Como se señaló previamente, los mismos no son representativos de la actividad de transferencia en ciencias sociales. Cabe destacar que, si bien aparece mencionado un amplio abanico de actividades posibles, en ambos casos los criterios apuntan a un perfil clásico de académico, en el que se valora la producción de conocimiento por sobre la transferencia y el impacto dentro de la comunidad científica por sobre el impacto social. Al hablar de un perfil “clásico” no queremos indicar que se trata de una modalidad antigua o desactualizada. El hiperproductivismo, fenómeno reciente ampliamente criticado puede cuadrar sin inconveniente dentro de lo que denominamos aquí clásico10. La diferencia entre el SNI y el PRIDE se da fundamentalmente en la importancia que se otorga a la participación en la docencia y la vida institucional de la universidad. Mientras para el 9 Así se suele referir al mal que llevaría a los académicos a guiar su carrera profesional por el afán de sumar puntos a ojos de los sistemas de evaluación, lo cual les haría perder de vista lo fundamental de su trabajo. Véase por ejemplo Laurell (2017). 10 En Vasen y Lujano (2017) hemos caracterizado estas tendencias como evaluación ortodoxa clásica y evaluación ortodoxa actualizada. La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 11 PRIDE se valoran especialmente estas actividades, en el SNI tienen un peso menor. El SNI parece valorar la contribución a la ciencia en un sentido universal por sobre el compromiso con la institución de trabajo cotidiano. Esto podría tener consecuencias diferenciales para los investigadores que laboran en centros pertenecientes al CONACYT, sólo sujetos al SNI, y para aquellos radicados en universidades, los cuales podrían recibir señales contrapuestas del SNI y del programa de estímulos de su institución. Los Criterios Implícitos en las Prácticas En las secciones previas nos enfocamos en el discurso sobre la transferencia y la utilidad social del conocimiento contenido en la política científica e institucional y los criterios de evaluación. Nuestra hipótesis es que existe en muchas circunstancias un hiato entre esos discursos y las prácticas concretas de evaluación. Sostenemos que la visión con la que los evaluadores llevan adelante su trabajo no favorece la construcción de un perfil de investigador más volcado a las actividades de transferencia, que sería más afín con las líneas generales del discurso de las políticas públicas del sector. A continuación describimos algunos hallazgos sobre esta materia basados en entrevistas realizadas a miembros de las comisiones evaluadoras en ciencias sociales del SNI y el PRIDE11. Hemos organizado los testimonios en torno a cuatro ejes: (i) el perfil del investigador y la identidad asociada al trabajo académico, (ii) el formalismo en la evaluación de productos de investigación, (iii) el riesgo de la politiquería y (iv) el problema del ‘pago doble’. El Perfil de Investigador Promovido y la Identidad Asociada al Trabajo Académico En términos generales, los evaluadores manifiestan extrañeza y dificultad a la hora de evaluar las actividades de transferencia y vinculación y ponen en duda que la transferencia deba ser considerada una tarea relevante en las Ciencias Sociales. A modo de introducción, uno de los miembros de la comisión del SNI señala antes de abordar el asunto que Esto no es el Sistema Nacional de Transferencia de Conocimiento, sino que es el Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores (Entrevista 14, SNI) El discurso que prevalece acerca del perfil de investigador que de facto se busca promover es el ligado a la ciencia académica básica. Por ejemplo, a la hora de problematizar el impacto, un evaluador señala espontáneamente lo siguiente: ¿Qué significa tener impacto? Porque, desde mi punto de vista, el principal impacto que nosotros los investigadores podemos tener, es la formación y esa no cuenta porque es inasible. Porque tú no puedes decir “yo tuve impacto porque hay un alumno mío que es SNI 2, SNI 3”. (Entrevista 15, SNI) Aquí puede notarse que los impactos que se privilegian se vinculan principalmente con la propia comunidad académica. Al preguntar a los evaluadores directamente sobre la vinculación con actores externos y el impacto social del conocimiento, las respuestas son ambiguas. Esto de la vinculación obviamente es muy importante para la ciencia. Sin embargo, vemos con mucha cautela cuando son consultorías, por ejemplo, trabajos de consultoría que los tomamos como una investigación a pedido. Si a mí me encarga el Banco de México que le haga un estudio de las finanzas en el Estado de Tamaulipas, 11 Se recuperan aquellos fragmentos más relevantes que fueron marcados en el software de análisis cualitativo de datos como ligados a los códigos: “Perfil buscado SNI”, “Perfil buscado PRIDE”, “Valoración transferencia”, “Concepción impacto social investigación”. Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 12 obviamente yo me voy a regir por los criterios del Banco de México. O si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me pide que averigüe cómo actúa el Ejército Nacional es según los criterios de la Comisión de los Derechos Humanos, entonces eso para nuestra comisión se toma con mucha cautela, incluso no se le ha dado valor (Entrevista 4, SNI) La concepción del investigador es de un investigador, de un científico, de cubículo, de laboratorio, no de funcionario (…) La aplicación social del conocimiento importa yo digo que poco. A mí eso no me parece bien, yo insisto cuando hay una gente que tiene un proyecto de trabajo que incide directamente en problemas nacionales, me parece que eso tiene un valor especial, que no sólo la publicación y las citas son un índice del impacto (Entrevista 15, SNI). Muchas políticas públicas hacen una investigación, que es un trabajo más de consultoría, más de opinión, más de recabar información, pero lo que nosotros más evaluamos, lo que queremos que sea es evaluación académica, científica, universitaria, cualquiera de estos adjetivos ¿no? Que ojalá que después pase a formar parte de las políticas públicas y se implemente, claro que eso sería lo ideal. Si esto pasa, tiene más valor, pero si no, digamos, si se queda en el trabajo de “yo voy a analizar el tema de la violencia en tal municipio”, para nosotros eso es muy valioso. Si se logra que se convierta en políticas públicas y que disminuya la violencia, mucho mejor. Pero eso no nos compete a nosotros, porque pertenece al mundo de la política. (Entrevista 16, SNI) Como puede verse, los entrevistados no abogan directamente en contra de la vinculación y de la aplicación del conocimiento. Se habla de su “importancia”, del aporte a la resolución de “los problemas nacionales”, del valor de los vínculos con la política pública y de la relevancia del impacto social que una investigación podría tener. La última cita incluso señala que la aplicación del conocimiento sería “ideal”. Sin embargo, en todos los extractos aparecen reparos. La investigación contratada o la consultoría no se ve como verdadera investigación, sino más bien como encargos en los que no se cumplen las condiciones de autonomía de juicio que caracterizan al trabajo académico. Parecería que para que se valore un trabajo de este tipo, los criterios de la comunidad académica son los que deben primar. Y esto difícilmente se cumpla cuando se hace una investigación a pedido. En esta misma línea el último extracto señala que para los evaluadores, ya es valioso de por sí un estudio que aborde un problema de relevancia social, incluso si no termina informando la política pública. Esta visión protege a los investigadores de factores que están fuera de su control. Podría darse el caso de que un investigador se encuentre muy interesado en realizar una investigación en colaboración con alguna instancia de gobierno pero finalmente no pueda congeniar con ella y el trabajo se quede en el campo académico sin impactar en la gestión pública. Sería injusto que un investigador sea evaluado negativamente por ello. La voluntad política es voluble y está influida por una multiplicidad de factores sobre los que el investigador no tiene control (Emiliozzi, Vasen & Palumbo, 2011). Premiando el trabajo académico de forma casi excluyente, los investigadores y evaluadores no desincentivan explícitamente la vinculación y la investigación orientada, pero tampoco hacen mucho en su favor. La relevancia social de un tema no inclina la balanza sustantivamente a su favor, y puede conllevar mayores riesgos. Bien podría el mismo investigador dedicarse a una temática muy desligada de problemáticas actuales sin ser penalizado por ello. El Formalismo en la Evaluación de los Productos de Investigación La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 13 A la hora de validar un trabajo presentado por los evaluados como un verdadero trabajo de investigación, los miembros de las comisiones se aferran a los criterios clásicos de la comunidad científica, fundamentalmente la idea de que el texto debe haber sido sometido al juicio de los pares previo a su publicación. Incluso si los evaluadores reconocen que los criterios les otorgan un amplio margen de maniobra para tomar la decisión de si considerar algo o no como un “producto”, en las entrevistas su discurso busca reducir la ambigüedad. En la actitud de cautela que emplean, resuena la frase del creador del SNI que mencionamos en la sección previa: la idea de que es un sistema para los que de veras investigan. Este formalismo puede llevar sin embargo a ciertas arbitrariedades o contradicciones difíciles de resolver para los evaluadores, como puede verse en la siguiente cita. Hay una especie de ethos abstracto de que la investigación per se es pertinente y de que está abordando temas que son relevantes para la sociedad, para la coyuntura, para las localidades, para la nación, para el mundo; pero no hay una forma de premiar esos esfuerzos. Más bien, lo convierten en algo dudoso, porque por ejemplo: asesorías en las que produces un excelente documento de investigación, pues bueno, como no es algo que haya pasado por el filtro de una evaluación de pares antes de ser publicado… Eso nos ha obligado a ser más observadores y flexibles también ¿no? Porque digamos, alguien que hace un documento para la CEPAL y que es un muy buen documento, con bases estadísticas, con trabajo de campo, con aportación al conocimiento en áreas específicas, pues no lo puedes descalificar por el hecho de que no sea un producto a ser publicado bajo la cuestión de la evaluación de pares. […] Ahora se me vino a la mente, por ejemplo, un investigador sobre la sociología de la alimentación y en particular que estaba muy metido en el tema de los quesos (en la fabricación de quesos ¿no?) Bueno, ya con los resultados de su investigación y demás, hace un bellísimo libro que financia el gobierno de un estado y entonces, pues el hecho ese de que no haya sido una obra evaluada por pares, antes de ser publicada, le quitó todos los méritos a un trabajo que por sí mismo reúne innovaciones, recreaciones, etcétera que pues no puede ser reconocido. (Entrevista 8, SNI) La cita muestra en su primera parte que existe flexibilidad a la hora de evaluar, pero también manifiesta que se trata de un tema polémico, sobre el que no parece haber demasiados consensos. Como se aprecia sobre el final del testimonio, esta flexibilidad no se aplica en todos los casos. La estrategia que recomienda otro evaluador en estos casos es hacer dos productos: uno orientado al gran público o en colaboración con el actor externo y otro para el circuito interno de la comunidad científica: Si el investigador o la investigadora lleva a cabo un reporte, hace un trabajo para la Asamblea General de la Ciudad de México, para el Ayuntamiento de Tlaxcala y posteriormente lo convierte en un producto académico, bueno, no sólo no hay ningún problema sino que tiene doble mérito (Entrevista 3, SNI) Cabe preguntarse si realmente puede hablarse de doble mérito, pues no hay certeza de que el trabajo realizado para el organismo público vaya a ser valorado positivamente de haber sido el único producto, y si en realidad el único trabajo que otorga mérito real es el ligado a la publicación académica. El Riesgo de la Politiquería La desconfianza por parte de los evaluadores con los trabajos realizados en vinculación con organismos de gobierno tienen relación con en el poco prestigio que cuentan –en términos Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 14 generales- las instituciones públicas en México12. Se presupone que los académicos son elegidos por cuestiones de afinidad político-partidaria y no por su experticia. Seguramente el convenio es con el gobernador priista o el gobernador panista… y se lo ve un poco como politiquería. (…) Aunque sí se lo valora… pero esto yo lo he visto en la gente que hace sociología política y electoral. Los convenios con el IFE, con los institutos electorales, etcétera, que sí se los valora; pero yo no diría que es el PRIDE el que promueve esa inserción. Está empezando a ser digerido, no se sabe bien cómo, por el PRIDE. (…) Pero el PRIDE no es que estimule un proceso de transferencia, por lo menos en las áreas nuestras (Entrevista 11, PRIDE) Otro evaluador del SNI coincide en que hay que discriminar con qué organismo público se hace el trabajo. En esos casos, lo más importante es saber por experiencia directa o por experiencia cercana, si estos tipos de trabajos (que se hagan con organismos internacionales o con gobiernos) son dictaminados de manera rigurosa. Normalmente los organismos internacionales son cuidadosos; Naciones Unidas no publica con cualquiera, la CEPAL no publica con cualquiera, el Banco Interamericano de Desarrollo tampoco. Los gobiernos estatales suelen ser mucho más laxos para esas cosas. Hay organismos en México que sabemos que tienen procesos de dictaminación rigurosos, como puede ser el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Ellos no publican cualquier cosa. Son excepciones entre los organismos de Gobierno Federal; y los organismos o los gobiernos estatales raramente dictaminan rigurosamente sus cosas. (Entrevista 14, SNI) Una vez más aparece entonces la idea de que la única forma de asegurarse de que algo sea un producto de investigación es que exista una dictaminación previa. Sin embargo, esto no siempre es fácil de determinar de forma fehaciente, particularmente en el caso de los libros13. El perfil de académico que quizás vean con más recelo los evaluadores es el de aquél que tiene una incidencia en la vida pública del país o ejerce como funcionario político. Con reserva de dar nombres o aludir a casos más concretos, más de un evaluador mencionó que éstos fueron los únicos casos en los que recibieron ciertas presiones externas para evaluarlos positivamente. En los casos referidos, si bien los postulantes tenían antecedentes académicos relevantes, no cumplían en el periodo evaluado con la productividad necesaria para mantenerse en el SNI. El Problema del ‘Pago Doble’ Un último punto a destacar de los testimonios de los evaluadores se vincula con los casos de investigación por encargo, en los que es evidente que el investigador ha recibido un pago específico por el trabajo en cuestión. Ahí lo que se genera es una duda acerca de si corresponde que se consideren las tareas realizadas para el cobro del estímulo económico, pues se entiende que ese 12 Cabe destacar que en las ciencias sociales es habitual que el demandante externo en trabajos de vinculación sea antes el Estado o los organismos internacionales que las empresas (Emiliozzi, Vasen & Palumbo, 2011). Todos los ejemplos que surgieron en las entrevistas se refirieron a este tipo de vinculación con el sector público. 13 La existencia de muchos libros no dictaminados y editoriales predatorias, ha llevado a las comisiones evaluadores a poner requisitos específicos mucho más detallados para libros y capítulos de libros, y ha generado una mayor desconfianza ante los mismos. La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 15 producto ya ha sido pagado de forma directa al investigador por el solicitante. Al respecto, un evaluador del SNI sostiene lo siguiente. El asunto es cuando determinados trabajos, determinadas publicaciones, tienen un carácter de reporte. Es decir, donde no hay prácticamente reflexión, donde es muy informativo. (…) Si no tienen referencias de tipo teórico, alguna metodología, bien explicada etcétera, por mucha vinculación que exista, pues no se evalúa positivamente; porque además muchas de esas, o la mayor parte de ese tipo de reportes, ya ha sido pagados por las instituciones que los encargan. (Entrevista 3, SNI) Aquí resuena la idea que planteamos anteriormente: los estímulos son ante todo para promover la investigación en sentido estricto. Lo que se premia es el cumplimiento de metas asociadas a un perfil de investigador académico. El consultor es visto con suspicacia. El siguiente razonamiento parece estar implícito en estos casos: si alguien quiere dedicarse a la consultoría y tener ingresos económicos a través de ella, ¿por qué debe además ser estimulado por el SNI o el PRIDE? Que dejen estos programas a los que quieren investigar y que necesitan el estímulo para sustentarse. En el caso del PRIDE, esta cuestión surge incluso con más fuerza en las entrevistas. Las universidades tienen mecanismos para gestionar la vinculación del conocimiento e ingresar fondos externos. La mayor duda en estos casos es si los académicos han formalizado un convenio entre la UNAM y la institución que los contrata. Cuando la UNAM mantiene convenios de colaboración institucional, entran como trabajo académico. Es como con las clases: si alguien va a dar clases a otra universidad, pero la UNAM tiene convenio, digamos el Instituto Mora, entonces la UNAM tiene convenio con el Instituto y a quien de clase ahí se le puede acreditar como clase acá. Igual en las consultorías. De hecho, hay convenios de colaboración en los que en la UNAM recibe un porcentaje de los ingresos de ese proyecto y hay todo el soporte institucional para quien lo hace. Entonces ahí se considera parte del trabajo académico, porque de hecho es trabajo extra ¿no? Y los investigadores traen recursos a la universidad que entra como recursos auto generados en convenios de colaboración. Y hay mucha demanda a veces, de secretarías de estado, de gobiernos estatales, municipales, que quieren trabajar con la UNAM o que les hagan una evaluación o una investigación o un trabajo, y eso está aceptado ¿no? Está aceptado porque hay convenios de colaboración. El problema es cuando no hay convenio con la UNAM, entonces ahí no se considera. (Entrevista 2, PRIDE) Cabe señalar sin embargo que incluso si están formalizados y traen ingresos a la universidad, los trabajos en vinculación no parecen otorgar demasiado mérito para los evaluadores en las ciencias sociales. Un evaluador llama la atención sobre la diferencia entre México y otros países a este respecto. Hace un tiempo, un colega me decía “bueno, es que en otros países y en otras universidades los reportes técnicos se valoran, son importantes” y yo le decía “pues puede ser que tenga razón, pero como estamos aquí no funcionan las cosas” O sea, no funciona como ese tipo de conocimiento, no es como la Facultad de Ingeniería que obtiene cualquier cantidad de ingresos haciendo esas cosas ¿no? Ahí tiene un valor adicional que es el valor económico… aquí hasta ahora no ha funcionado de ese modo, incluso en las presentaciones de muchos currículos. Tan es así que los investigadores no le dan ese valor agregado como podría tener. Yo en realidad no estoy cerrado a que eso se discuta, pero la verdad es que en las comisiones evaluadoras no es el lugar en donde lo podemos discutir. En realidad lo tenemos que discutir cuando se modifiquen los Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 16 lineamientos de evaluación. Ahí es donde se tendría que discutir (Entrevista 10, PRIDE). Es interesante que el evaluador coloque el problema en el nivel de los criterios de evaluación, que no valoran este tipo de actividades, incluso si están formalizadas, señalando una posible vía para modificar esta situación. A su vez, siguiendo la comparación con otros países donde los investigadores miden su valor no sólo por las publicaciones sino también por los fondos que ingresan a la universidad14, se aclara que ése no es el caso de México. [Traer recursos externos] es bien valorado de manera informal, pero dentro de la consideración de las comisiones eso no es un dato. O sea, uno más o menos sabe quién trae recursos. Y más o menos cuánto y hay una parte que también se va al fondo que también se tiene acá y otra parte se le paga a él, al investigador. O sea, eso se sabe, pero no es un tema, digamos que te agregue un plus a tu valoración de desempeño académico, no, hasta ahora no. Podría serlo, no sé. Pero lo que te digo, sería un tema a discutir. Es polémico porque… además de la originalidad de la que estábamos platicando, porque finalmente son encargos o son pedidos o cosas que pueden tener sentido o no, para mí lo más importante en esto, más que la originalidad, es que realmente releve el estudio de un fenómeno. (Entrevista 10, PRIDE) El cierre del extracto expresa una vez más las contradicciones que genera la valoración de la transferencia en el contexto de una cultura académica tradicional, pues luego de decir que es importante la vinculación se remarca una idea clásica: que el problema debe ser original, estar bien planteado y se debe abordar rigurosamente un fenómeno social. Por último, cabe mencionar que otro evaluador llama la atención a la vez sobre la cuestión operativa, al señalar que los mecanismos burocráticos no son muy sencillos para este tipo de tareas: Es dificilísimo ingresar fondos externos a la UNAM, meterlo por la legislación y los reglamentos de la UNAM… todo esto que los centros más chicos o las universidades más chicas tienen del overhead, en la UNAM es muy difícil. (Entrevista 11, PRIDE). Vinculación y Trabajo Académico: Tensiones entre Discursos, Estímulos y Prácticas A lo largo de las secciones anteriores propusimos un recorrido por la valoración que se hace de la transferencia del conocimiento en las ciencias sociales en las distintas instancias de la política científica. Iniciamos la discusión planteando los lineamientos generales presentes en los documentos institucionales a nivel federal y a nivel institucional-universitario. Luego, nos focalizamos en dos programas de estímulos al personal académico, uno de alcance nacional –el SNI- y el otro perteneciente a la universidad más grande del país – el PRIDE. Allí analizamos los criterios de evaluación que se aplican al personal académico y cómo éstos valoran la vinculación. En tercer término, realizamos entrevistas semi-estructuradas a los miembros de las comisiones evaluadoras de los mencionados programas para recabar su visión sobre la forma en que son aplicados los criterios y sobre la valoración que se realiza de la transferencia. En la tabla 1 pueden apreciarse algunos resultados de esta indagación. Puede destacarse en el nivel de los discursos públicos la vinculación se ha ido posicionando cada vez con más fuerza. En el 14 Puede citarse por ejemplo el trabajo de Slaughter y Leslie (1997) donde describen las conductas de mercado y cuasi mercado de investigadores que buscan tanto subsidios externos para investigación como fondos de la industria y la administración pública. La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 17 caso del CONACYT y la política federal de ciencia y tecnología, la idea de innovación que estructura los documentos requiere de los investigadores una postura activa frente a los demandantes de conocimientos. En el caso de la UNAM, de modo más cauto, pero igualmente significativo, encontramos avances en esta dirección. Entre ellos, puede destacarse la inclusión de la vinculación como una misión sustantiva de la universidad. A nivel de los criterios de evaluación de los programas de estímulos analizados, no se aprecia que las prácticas de vinculación posean demasiada relevancia. En los criterios de evaluación aparece mencionada la opción de “productos tecnológicos”. Los ejemplos sin embargo (software, patentes, prototipos, etc.) no contemplan las particularidades de las ciencias sociales, donde el producto privilegiado es el “informe técnico”, el “reporte” o el “documento de trabajo”. Finalmente, cuando nos acercamos a la práctica concreta de evaluación, vemos que para los evaluadores no es una misión fácil valorar estas actividades. Por una parte, reconocen en términos generales la importancia del impacto social del conocimiento y la aplicación del conocimiento social a las políticas públicas. Pero a la hora de decidir si estas actividades deben considerarse relevantes para otorgar estímulos, son mucho más cautos. En su discurso, queda claro que ante todo son los perfiles exitosos de investigador clásico los más favorecidos. Los trabajos que provienen de consultorías no son considerados como elementos que “sumen” en la lista de productos de investigación. Para determinar si un informe, libro o trabajo puede o no ser considerado como producto de investigación, el criterio es la dictaminación. Por otra parte, en la medida en que la vinculación en las ciencias sociales en muchos casos tiene a la administración pública como destinatario, esto dispara las alarmas de los evaluadores pues consideran hay riesgos de que se valoren más las lealtades políticas que la rigurosidad en el trabajo profesional. Se exceptúan de esto algunos organismos públicos con especial prestigio y los organismos internacionales. El cobro por estos trabajos supone un punto conflictivo, particularmente en la UNAM. Allí se destaca la necesidad de que cualquier tarea de asesoramiento o vinculación que se presente en un informe de actividades haya sido realizada en el marco de un convenio interinstitucional. Hay un recelo frente a lo que podría ser considerado un “pago doble” por el mismo trabajo: el pago recibido directamente por el solicitante y el pago indirecto que se recibe del programa de estímulos. En síntesis, como puede apreciarse en el cuadro, no existen diferencias sustantivas en cuanto a la valoración de la transferencia entre ambos programas, tanto a nivel de los criterios oficiales como de las prácticas concretas de los evaluadores. Las diferencias más fundamentales entre los programas las encontramos en lo que hace a la valoración del compromiso con la docencia y la vida institucional (como se mencionó previamente en la sección 3.3.). Lo que sí puede apreciarse es que tanto en el caso de la UNAM como del CONACYT encontramos una tensión entre el discurso político institucional, que da cada vez más importancia a la idea de innovación y de transferencia del conocimiento, y las lógicas que guían los programas de estímulo, que no otorga demasiada relevancia a esta dimensión. Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 18 Tabla 1 Valoración de la transferencia en los distintos niveles de análisis propuestos CONACYT/SNI UNAM/PRIDE Discurso institucional Valora la transferencia y la innovación Ha incorporado la vinculación con una misión sustantiva de la universidad. Criterios de evaluación En ambos casos poco detallado. Actividades de transferencia valorables como “producción tecnológica”. Ejemplos de productos no adecuados para ciencias sociales (patentes, software, prototipos, etc). Prácticas de evaluación Actitud cautelosa con consultorías. Formalismo en la evaluación de productos. Ethos científico clásico. Riesgo de “politiquería” Desconfianza ante el “pago doble” Importancia de la existencia de convenios de colaboración con la universidad. Fuente: Elaboración propia. Conclusiones y Discusión La hipótesis planteada en este trabajo afirmaba que los programas de estímulos y las prácticas de evaluación a los que está sometido el personal académico no se encuentran alineados con el discurso público de las instituciones. De los datos presentados puede señalarse que si bien esto es así, aquellos encargados de la evaluación no parecen verlo como un aspecto muy problemático. En cierto sentido, implícitamente consideran que los programas de estímulo son instrumentos de la política científica destinados a impulsar un perfil de investigador académico clásico. El origen del SNI y el PRIDE como formas de compensación salarial por productividad, antes que como instrumento de reorientación de carreras, da mayor fundamento a esta visión. Entonces, si bien los evaluadores hacen algún lugar a las actividades de transferencia, porque entienden que tienen una relevancia social y que hay un discurso público que las legitima, en la práctica no dan señales que incentiven a los investigadores a impulsarlas. Como afirmaba el testimonio de un evaluador, son algo que los programas “tienen que digerir” pero que no estimulan. Los científicos cuentan con estrategias para acomodarse y verse afectados lo mínimo posible en su trabajo cotidiano por las prioridades y expectativas de los organismos de financiamiento (Gläser, 2010). Los evaluadores se sienten antes miembros de la comunidad académica que de la comunidad de burócratas y políticos de la ciencia. Por ello, no les es difícil alcanzar un consenso en torno a los criterios clásicos de productividad aceptados por la comunidad científica: publicaciones con referato, formación de doctores y –en menor medida- citas recibidas. En este contexto, para un académico participar en actividades de vinculación y transferencia de conocimientos puede ser una apuesta riesgosa, que quita tiempo a la investigación “propiamente dicha” y que da lugar a productos de calidad “dudosa” que no serán necesariamente tomados en cuenta luego para sus estímulos. La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 19 Existe la posibilidad de que estas tareas sean valoradas positivamente si se suman a actividades de investigación tradicionales y son realizadas con una contraparte de prestigio. Apostar mucho a ellas conllevaría un riesgo que sería más racional afrontar para un académico ya consolidado, en busca de una forma de “redondear” su perfil que para un investigador joven o de mediana edad. Para estos últimos, el balance riesgo/beneficio podría ser menos favorable. Quedarse en la “torre de marfil” constituiría una apuesta mucho más segura, incluso si implica ir en contra de sus intereses, su personalidad o la evolución de su agenda de investigación15. En el trabajo hemos procurado mostrar la débil capacidad de los discursos públicos de la política científica por sí solos para dar señales a los investigadores acerca del tipo de trabajo y de productos que se espera de ellos. Para que su efecto sea mayor, deberían ser acompañados por modificaciones en las prácticas de evaluación y en la concepción cultural sobre el rol del académico que permea las universidades y centros públicos de investigación. Por otra parte, debe quedar claro además que el trasfondo de esta discusión no es solamente el de la coherencia de las políticas públicas. Dentro de la comunidad científica, existe un debate político legítimo acerca de cuánto deben involucrarse los investigadores con la transferencia del saber generado, especialmente si esto implica mecanismos de protección de la propiedad intelectual y privatización del conocimiento generado con recursos públicos (Juarros & Naidorf, 2007). Llegado este punto, podríamos dar un paso más y preguntarnos por qué, si son tan evidentes, desde la política pública no se acciona sobre estas inconsistencias. Una posible explicación se vincula con la idea de que la política de ciencia y tecnología está parcialmente “capturada” por los investigadores que, con sus márgenes de maniobra, obturan sistemáticamente las políticas que amenazan la ciencia académica en su sentido clásico y que en consecuencia el poder real de los burócratas es limitado (Dagnino, 2007). En este contexto, los científicos en tanto evaluadores emergen como un actor clave. Sin confrontar explícitamente, pueden ejercer una acción de resistencia frente a los discursos de la política científica. Con sus acciones y omisiones, en este caso incentivan en sus colegas un modelo de investigador que no parece desprenderse de los lineamientos ideológicos de la política de ciencia, tecnología e innovación vigente. Sin embargo, también hay que visualizar que el énfasis que ponen los programas de pago al mérito en la producción académica con estándares internacionales contribuye a otro objetivo implícito de las políticas de investigación: el posicionamiento en los ránkings de universidades y de producción científica global. Podría hipotetizarse entonces que la ciencia académica termina siendo protegida de la exigencia de producir conocimiento aplicado sólo en la medida en que los científicos ofrezcan a los policy-makers una performance satisfactoria en los indicadores de productividad. Se les concede una exención en materia de impacto social, condicionada a la generación de productos de investigación que permitan al país o a la institución universitaria lucirse en los ránkings internacionales. Los académicos hoy parecen estar en la difícil disyuntiva entre un productivismo con estándares internacionales que parece agotador y un perfil emprendedor con dudosas perspectivas de éxito. Agradecimientos El autor agradece tanto a la Dra. Rosalba Casas Guerrero por la excelente orientación recibida en el marco del posdoctorado realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM como a los entrevistados por acceder a contribuir a la investigación. 15 Estas conclusiones son coherentes con lo que han señalado Rhoten y Parker (2004) respecto a los riesgos para la carrera de los investigadores jóvenes que supone el trabajo interdisciplinario. Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 20 Referencias ACSB - American Society for Cell Biology. (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment American Society for Cell Biology. Disponible en http://www.ascb.org/dora/ Alperín, J., & Rozemblum, C. (2017). La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de evaluación de revistas científicas. Revista Interamericana de Bibliotecología. 40(3), 231- 241. https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n3a04 Bruun-Jensen, C. (2011). Making Lists, Enlisting Scientists: The Bibliometric Indicator, Uncertainty and Emergent Agency. Science Studies, 24, 64–84. Buendía, A., García Salord, S., Grediaga, R., Landesmann, M., Rodríguez Gómez, R., Rondero, N., . . . Vera, H. (2017). Queríamos evaluar y terminamos contando: Alternativas para la evaluación del trabajo académico. Perfiles educativos, 39(157), 200-219. CAACS-UNAM. (2013). Criterios Específicos de Evaluación para la Asignación del nivel D del PRIDE. 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Actual mente es Prof. Adjunto Regular en la Universidad Tecnológica Nacional y becario posdoctoral CONICET en el Instituto de Investigaciones en Cs. de la Educación de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Ha ejercido la docencia de grado y posgrado en Argentina y México. Es especialista en temas de política científica y educación superior. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la temática en revistas y editoriales nacionales e internacionales. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9132-6206 archivos analíticos de políticas educativas ISSN 1068-2341 Volumen 26 Número 96 30 de julio 2018 ISSN 1068-2341 Los/as lectores/as pueden copiar, mostrar, y distribuir este articulo, siempre y cuando se de crédito y atribución al autor/es y a Archivos Analíticos de Políticas Educativas, se distribuya con propósitos no-comerciales, no se altere o transforme el trabajo original. Más detalles de la licencia de Creative Commons se encuentran en http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/3.0 Cualquier otro uso debe ser aprobado en conjunto por el autor/es, o AAPE/EPAA. La sección en español para Sud América de AAPE/EPAA es publicada por el Mary Lou Fulton Teachers College, Arizona State University y la Universidad de San Andrés de Argentina. Los artículos que aparecen en AAPE son indexados en CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas, España) DIALNET (España), Directory of Open Access Journals, EBSCO Education Research Complete, , ERIC, Education Full Text (H.W. Wilson), QUALIS A1 (Brasil), SCImago Journal Rank; SCOPUS, SOCOLAR (China) Por errores y sugerencias contacte a Fischman@asu.edu Síganos en EPAA’s Facebook comunidad at https://www.facebook.com/EPAAAAPE y en Twitter feed @epaa_aape. mailto:federico.vasen@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-9132-6206 http://www.doaj.org/ https://www.facebook.com/EPAAAAPE La ‘torre de marfil’ como apuesta segura. Políticas científicas y evaluación académica en México 25 archivos analíticos de políticas educativas consejo editorial Editor Consultor: Gustavo E. Fischman (Arizona State University) Editores Asociados: Armando Alcántara Santuario (Universidad Nacional Autónoma de México), Jason Beech, (Universidad de San Andrés), Angelica Buendia, (Metropolitan Autonomous University), Ezequiel Gomez Caride, (Pontificia Universidad Católica Argentina), Antonio Luzon, (Universidad de Granada), José Luis Ramírez, (Universidad de Sonora), Paula Razquin (Universidad de San Andrés) Claudio Almonacid Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile Ana María García de Fanelli Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) CONICET, Argentina Miriam Rodríguez Vargas Universidad Autónoma de Tamaulipas, México Miguel Ángel Arias Ortega Universidad Autónoma de la Ciudad de México Juan Carlos González Faraco Universidad de Huelva, España José Gregorio Rodríguez Universidad Nacional de Colombia, Colombia Xavier Besalú Costa Universitat de Girona, España María Clemente Linuesa Universidad de Salamanca, España Mario Rueda Beltrán Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM, México Xavier Bonal Sarro Universidad Autónoma de Barcelona, España Jaume Martínez Bonafé Universitat de València, España José Luis San Fabián Maroto Universidad de Oviedo, España Antonio Bolívar Boitia Universidad de Granada, España Alejandro Márquez Jiménez Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM, México Jurjo Torres Santomé, Universidad de la Coruña, España José Joaquín Brunner Universidad Diego Portales, Chile María Guadalupe Olivier Tellez, Universidad Pedagógica Nacional, México Yengny Marisol Silva Laya Universidad Iberoamericana, México Damián Canales Sánchez Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México Miguel Pereyra Universidad de Granada, España Ernesto Treviño Ronzón Universidad Veracruzana, México Gabriela de la Cruz Flores Universidad Nacional Autónoma de México Mónica Pini Universidad Nacional de San Martín, Argentina Ernesto Treviño Villarreal Universidad Diego Portales Santiago, Chile Marco Antonio Delgado Fuentes Universidad Iberoamericana, México Omar Orlando Pulido Chaves Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) Antoni Verger Planells Universidad Autónoma de Barcelona, España Inés Dussel, DIE-CINVESTAV, México José Ignacio Rivas Flores Universidad de Málaga, España Catalina Wainerman Universidad de San Andrés, Argentina Pedro Flores Crespo Universidad Iberoamericana, México Juan Carlos Yáñez Velazco Universidad de Colima, México javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/819') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/820') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/4276') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/1609') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/825') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/797') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/823') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/798') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/555') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/814') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/2703') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/801') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/826') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/802') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/3264') javascript:openRTWindow('http://epaa.asu.edu/ojs/about/editorialTeamBio/804') Archivos Analíticos de Políticas Educativas Vol. 26, No. 96 26 education policy analysis archives editorial board Lead Editor: Audrey Amrein-Beardsley (Arizona State University) Editor Consultor: Gustavo E. Fischman (Arizona State University) Associate Editors: David Carlson, Lauren Harris, Eugene Judson, Mirka Koro-Ljungberg, Scott Marley, Molly Ott, Iveta Silova, (Arizona State University) Cristina Alfaro San Diego State University Amy Garrett Dikkers University of North Carolina, Wilmington Susan L. Robertson Bristol University, UK Gary Anderson New York University Gene V Glass Arizona State University Gloria M. Rodriguez University of California, Davis Michael W. Apple University of Wisconsin, Madison Ronald Glass University of California, Santa Cruz R. Anthony Rolle University of Houston Jeff Bale OISE, University of Toronto, Canada Jacob P. K. Gross University of Louisville A. G. Rud Washington State University Aaron Bevanot SUNY Albany Eric M. Haas WestEd Patricia Sánchez University of University of Texas, San Antonio David C. Berliner Arizona State University Julian Vasquez Heilig California State University, Sacramento Janelle Scott University of California, Berkeley Henry Braun Boston College Kimberly Kappler Hewitt University of North Carolina Greensboro Jack Schneider College of the Holy Cross Casey Cobb University of Connecticut Aimee Howley Ohio University Noah Sobe Loyola University Arnold Danzig San Jose State University Steve Klees University of Maryland Jaekyung Lee SUNY Buffalo Nelly P. Stromquist University of Maryland Linda Darling-Hammond Stanford University Jessica Nina Lester Indiana University Benjamin Superfine University of Illinois, Chicago Elizabeth H. DeBray University of Georgia Amanda E. Lewis University of Illinois, Chicago Adai Tefera Virginia Commonwealth University Chad d'Entremont Rennie Center for Education Research & Policy Chad R. 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Fischman (Arizona State University) Editoras Associadas: Kaizo Iwakami Beltrao, (Brazilian School of Public and Private Management - EBAPE/FGV, Brazil), Geovana Mendonça Lunardi Mendes (Universidade do Estado de Santa Catarina), Gilberto José Miranda, (Universidade Federal de Uberlândia, Brazil), Marcia Pletsch, Sandra Regina Sales (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) Almerindo Afonso Universidade do Minho Portugal Alexandre Fernandez Vaz Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil José Augusto Pacheco Universidade do Minho, Portugal Rosanna Maria Barros Sá Universidade do Algarve Portugal Regina Célia Linhares Hostins Universidade do Vale do Itajaí, Brasil Jane Paiva Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Maria Helena Bonilla Universidade Federal da Bahia Brasil Alfredo Macedo Gomes Universidade Federal de Pernambuco Brasil Paulo Alberto Santos Vieira Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil Rosa Maria Bueno Fischer Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil Jefferson Mainardes Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil Fabiany de Cássia Tavares Silva Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil Alice Casimiro Lopes Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Jader Janer Moreira Lopes Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil António Teodoro Universidade Lusófona Portugal Suzana Feldens Schwertner Centro Universitário Univates Brasil Debora Nunes Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil Lílian do Valle Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil Flávia Miller Naethe Motta Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil Alda Junqueira Marin Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil Alfredo Veiga-Neto Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil Dalila Andrade Oliveira Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil