11 - 36 Libertad de Prensa.indd Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Freedom of the Press in Colombia: Caught between Threat and Manipulation Juan Carlos Gómez-Giraldo1 Juan Camilo Hernández-Rodríguez2 “Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”. (Kapuscinski, 2002, p. 38) 1 Comunicador social y periodista. Magíster en Estudios Políticos. Doctorando en Comunicación Social, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Director del Observatorio de Medios. Profesor Asis- tente, Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. juan.gomez@unisabana.edu.co 2 Comunicador social y periodista. Investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Co- lombia. camiloperiodista@hotmail.com Recibido: 24/03/09 Aceptado: 11/06/09 Resumen El presente es un análisis del estado de la libertad de prensa en Colombia tomando como punto de partida las investigaciones que ha realizado el Observatorio de Me- dios de la Universidad de La Sabana al quehacer infor- mativo durante los últimos diez años, teniendo en cuenta los diversos riesgos que afronta el profesional colombiano en el contexto específi co confl icto-ejercicio periodístico. Este recorrido histórico muestra que la libertad de prensa permanece en estado crítico, y que su evolución ha sido negativa: el periodismo está amenazado de muerte, y a los tradicionales actores armados que lo acosaban se han sumado, como factor de riesgo adicional, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones en su contra; y los gobiernos nacional, regionales y locales —a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa— se han con- vertido en factor desestabilizador por medio de presiones y sutiles manipulaciones. Palabras clave: libertad de prensa, confl icto arma- do, amenaza, actores del confl icto, compromiso, mapa político, mapa social, Colombia, manipulación. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 13 - 35 Abstract Freedom of the press in Colombia is analyzed in this arti- cle, based on studies done by the Media Observatory at La Sabana University on news reporting during the last ten years. Taking into account the many risks Colombian jo- urnalists face in a specifi c sett ing that pits confl ict against the exercise of journalism, this historical overview shows that freedom of the press remains in critical condition and its development has been negative. Journalism is threate- ned with death. Hounded by traditional armed actors, it now faces an additional risk factor posed by government security forces. Moreover, illegal groups have associated with politicians in certain regions to counter the media, and national, regional and local government administra- tions – which should ensure absolute respect for freedom of the press – have become a destabilizing factor through pressure and subtle manipulation. Key words: Freedom of the press, armed confl ict, threat, actors in the confl ict, commitment, political map, social map, Colombia, manipulation. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 14 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Introducción Este artículo muestra una radiografía del estado de la libertad de prensa en Colombia y su evo- lución durante los últimos diez años, a través de las investigaciones realizadas por el Observato- rio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. En el primero de estos estudios los investigado- res hicieron un seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por la discreción, propuesta que desde la academia convocó a una revisión de las rutinas periodísticas en el cubrimiento del confl icto ar- mado colombiano. En la segunda investigación, y luego de enten- der que el cumplimiento del Acuerdo implicaba una labor pedagógica mucho más profunda en las salas de redacción, el Observatorio enfocó su esfuerzo en el estudio de las causas que impe- dían a los periodistas actuar según lo establecían los códigos deontológicos. Se evidenció desde entonces que la libertad de prensa en Colombia está amenazada. A la fecha se han realizado tres mediciones (2000, 2003, 2007) que dan cuenta de una evolu- ción del fenómeno que, efectivamente, encontró en la violencia armada el principal argumento de ataque, y que con el transcurrir de los años y la transformación del confl icto mutó a formas más sutiles pero igualmente devastadoras. Este análisis del fenómeno está contenido en seis apartes. El primero presenta el contexto histórico del ejercicio profesional del periodis- mo que origina el Acuerdo por la discreción. El segundo describe la creación del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana y la manera como este grupo de investigadores hizo seguimiento al cumplimiento del Acuerdo por parte de los directores y medios fi rmantes. En el tercero, a raíz de los hallazgos de la primera in- vestigación, se analizan de manera detallada los resultados de la segunda medición al Estado de la libertad de prensa en Colombia, y se establecen los primeros indicadores del riesgo al ejercicio pro- fesional del periodismo. En el siguiente aparte se presentan los resultados de la tercera medi- ción y se comparan los indicadores establecidos que dan cuenta de la evolución del fenómeno. El quinto aparte enfatiza su análisis en los ha- llazgos más importantes en las tres mediciones, región por región, con el fi n de advertir riesgos que deben ser monitoreados por autoridades y organismos de derechos humanos. La última parte del artículo clasifi ca, según el grado de amenaza que representan, a los actores que aten- tan contra la libertad de prensa en Colombia. La información en directo y el síndrome de la chiva Suele ocurrir que las sociedades y sus institu- ciones se encuentren poco preparadas para en- frentar los desafíos de su propia historia. A esta falencia se suman la velocidad de los aconteci- mientos y la imposibilidad de guardar prudente distancia con el hecho noticioso para informar oportunamente, lo que genera un vacío en una de las condiciones inherentes a la actividad perio- dística: la responsabilidad. Como consecuencia, los encargados de entregar información veraz y objetiva a una población expectante salen mal li- brados. Pues bien, ésta es la perspectiva desde la que fueron analizados los medios de comunica- La televisión privada hizo su entrada triunfal al espectro de las comunicaciones en Colombia después de un largo proceso de discusión pública que había iniciado con la Constitución de 1991, y que concluyó con la adjudicación de frecuencias a las empresas Caracol y RCN para la explotación del espectro electromagnético 15 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez ción colombianos durante 1998 y 1999, cuando los acontecimientos que se exponen a continua- ción cambiaron de manera sustancial el mapa político y social del país, y llevaron a la Univer- sidad de La Sabana a proponer el Acuerdo por la discreción. Y aunque los que pusieron a prueba a medios y periodistas fueron muchos y muy di- versos hechos, reseñaremos como ejemplo solo tres de ellos. Julio de 1998. La televisión privada hizo su entra- da triunfal al espectro de las comunicaciones en Colombia después de un largo proceso de discu- sión pública que había iniciado con la Constitu- ción de 1991, y que concluyó con la adjudicación de frecuencias a las empresas Caracol y RCN para la explotación del espectro electromagné- tico3. Las compañías benefi ciadas, propiedad de los más grandes conglomerados económicos del país —Grupo Santodomingo y Organización Ar- dila Lülle—, crearon una infraestructura capaz de enviar la señal de sus transmisiones a todo el territorio colombiano, y conformaron equipos de trabajo con lo más granado del talento téc- nico, creativo y periodístico para cumplir con el reto impuesto; la posibilidad técnica de emitir información en directo, desde el mismo lugar de los acontecimientos, concentró los esfuer- zos de los directores de los programas infor- mativos en una fuerte lucha por su respectivo posicionamiento, con miras a obtener el favor de la sintonía. En este proceso primó el afán por entregar las “últimas noticias”, a expensas de la confi rmación, contraste de datos y fuentes. En la misma línea de actuación entraron los directores de los pocos noticieros sobrevivientes de los ca- nales públicos, quienes se plegaron al “síndrome de la chiva” como a una tabla de salvación. Agosto de 1998. Andrés Pastrana Arango se posesionó como presidente de Colombia el 7 de agosto. Su política medular de gobierno: la negociación con los grupos subversivos después de acoger el denominado Mandato por la paz, iniciativa popular que obtuvo diez millones de votos y que exigía al gobierno trabajar en la bús- queda de una solución negociada al confl icto colombiano. Pastrana despejó entonces 42.000 kilómetros cuadrados y el 7 de enero de 1999 inició negociaciones en San Vicente del Caguán con las FARC, grupo guerrillero en pugna con el Estado durante cerca de 40 años. El show de la negociación se estrenó con la silla vacía de Manuel Marulanda —máximo jefe del grupo subversivo— en el acto de instalación del proceso de paz. Los medios de comunica- ción, entre ellos los nuevos canales privados de televisión, desplazaron a la zona a periodistas, camarógrafos y técnicos de sus recién integra- das unidades de paz para informar en directo. Así, el confl icto generalizado que vivía el país se trasladó a las salas de redacción de los me- dios de comunicación y generó controversia y preguntas a las que nunca se dieron respuestas: ¿Cuál debía ser el papel de los periodistas en el proceso de negociación que se iniciaba? ¿Debe- rían (los periodistas) limitarse al simple registro de las informaciones de los negociadores o to- mar parte activa como garantes de lo acordado en la mesa de diálogos? Una vez más quedaba en evidencia que los me- dios de comunicación colombianos no estaban preparados para afrontar el reto. Enero de 1998. Más de mil personas murieron y otras cinco mil resultaron heridas como conse- cuencia de un terremoto que se sintió en todo el territorio colombiano el 25 de enero, y cuyos de- vastadores efectos destruyeron cerca de 20 mu- nicipios en los departamentos del denominado Eje Cafetero. La tragedia natural fue una opor- tunidad más para informar en el mismo instan- te de los hechos. La naciente televisión privada —sobre todo— realizó extensas transmisiones desde las ruinas de edifi cios y casas en los que 3 La televisión privada en Colombia se crea mediante el Acuerdo 023 del 26 de junio de 1997, y la Audiencia pública de adjudicación de las frecuencias se realizó el 24 de noviembre de 1997. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 16 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación los grupos de socorro trataban de rescatar sobre- vivientes, desde las improvisadas morgues, des- de hospitales y centros de salud; desde cualquier sitio en el que se pudiera captar el dramatismo del dolor humano en todo su despliegue audio- visual. Y así, y por tercera vez, los medios de co- municación quedaron en deuda con el país. Cuanta mayor prudencia se requería de los me- dios, mayores los desafueros cometidos por directores, presentadores y periodistas. Paradó- jicamente, sin embargo, un hecho que enlutó al gremio periodístico en general supuso un giro hacia un comportamiento moderado. El 13 de agosto de ese mismo año fue asesinado en Bo- gotá, por sicarios pagados por el paramilitaris- mo, el humorista político Jaime Garzón, hombre salido de las entrañas mismas de los medios. En el cubrimiento de esta noticia no hubo primeros planos ni acoso periodístico; por el contrario, to- tal respeto y solidaridad para con los familiares de quien es recordado por llevar algunas de las mejores caricaturizaciones de la sociedad colom- biana en Zoociedad a la televisión. Sin duda, el hecho se convirtió en referente para refl exionar en torno al cubrimiento noticioso con un míni- mo de principios éticos y con un alto grado de calidad y responsabilidad. Y puesto que los medios de comunicación pue- den optar por el sensacionalismo para cubrir la tragedia humana tanto como ser respetuosos con el dolor ajeno, ¿por qué entonces desbordarse en la primera opción la mayor parte del tiempo? La encrucij ada en la que se hallaba el ejercicio comu- nicativo en Colombia, y que aparecía al plantearse esta cuestión, motivó a la Facultad de Comunica- ción de la Universidad de La Sabana a diseñar e impulsar una propuesta para que academia y directores de medios en conjunto elaboraran un documento en el que se fi jaran criterios para la transmisión de hechos violentos en Colombia. Con el argumento “Preferimos perder una noticia antes que una vida” se discutió con los responsa- bles de la información y se redactó un decálogo que se denominó Acuerdo por la discreción, que comprometió a los directores de medios fi rmantes con un tratamiento responsable, veraz y equili- brado de la información de hechos de violencia. La convocatoria contó con la acogida de 36 di- rectores de los medios más importantes, quienes fi rmaron el documento de seis puntos que busca- ban responder a las necesidades del proceso de construcción de la paz para los colombianos4. Observación al cumplimiento del Acuerdo por la discreción y primeras mediciones Cuando se fi rman acuerdos se deja implícito el compromiso de respetar las reglas concertadas, se asume que alguien vigilará que se cumpla lo pactado y que las observaciones que surjan de este ejercicio serán tenidas en cuenta para refl exionar en positivo. De allí la creación del Observatorio de Medios, cuyo propósito es con- tribuir a la identifi cación, análisis y discusión de problemas propios de la comunicación (en sus procesos de emisión, circulación y recepción) y, sobre todo, de la manera como los medios de comunicación en Colombia cumplen la función informativa, a partir de exámenes que posibili- ten construir escenarios de debate público y de refl exión académica, con espíritu crítico, inde- pendiente y propositivo5. bl d l i f ió d tó d ál Y puesto que los medios de comunicación pueden optar por el sensacionalismo para cubrir la tragedia humana tanto como ser respetuosos con el dolor ajeno, ¿por qué entonces desbordarse en la primera opción la mayor parte del tiempo? 4 Para conocer el listado completo de los directores y medios fi rmantes del Acuerdo por la Discreción se puede consultar la siguiente dirección electrónica del Observatorio de Medios: htt p://sabanet.unisabana. edu.co/comunicacion/observatorio2006/acuerdo.htm 5 Para profundizar en la información sobre los aspectos fundacionales del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la 17 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez Texto defi nitivo del acuerdo por la discreción Sobre la difusión de hechos violentos Conscientes de la responsabilidad social de nuestro ofi cio, los profesionales de los Medios de Comunicación de Colombia nos comprometemos con este Acuerdo por la discreción, porque queremos contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del bien común. 1. El cubrimiento informativo de actos violentos —ataques contra las poblaciones, ma- sacres, secuestros y combates entre los bandos— será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio defi nirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y benefi cien a su público. 2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez. 3. Fij aremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fi n de mejorar la cali- dad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos. 4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos. 5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta. 6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizare- mos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos. 7. Preferimos perder una noticia antes que una vida. Con la motivación del respaldo ofrecido por los medios de comunicación a la iniciativa de la Fa- cultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, el Observatorio realizó una prime- ra investigación que consultó —a través de un cuestionario de 24 preguntas— la opinión de 200 periodistas que cubrían fuentes directamen- te relacionadas con el confl icto armado (orden público, proceso de paz, política y judiciales), en diez ciudades del país6. De los resultados de esta investigación se sacaron conclusiones que confi rmaron la necesidad de fundamentar el ejercicio de la actividad profesional del perio- dismo colombiano en principios deontológicos tales como la responsabilidad, la veracidad y el equilibrio informativos. Universidad de La Sabana, consultar la página web: htt p://sabanet. unisabana.edu.co/comunicacion/observatorio2006/quienes.htm 6 El equipo investigador del Observatorio de Medios, integrado por 10 profesores de la Facultad de Comunicación, realizó 200 entrevistas a periodistas cuyas fuentes están inmersas directamente en el confl icto armado en Colombia en 10 ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Armenia I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 18 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Allí se confi rmaron los excesos en los cuales habían incurrido los medios de comunicación en los casos aquí señalados, propiciados por la moda de la información en directo introducida por los programas informativos de los nacientes canales de televisión privada. Los periodistas entrevistados en la investigación publicada el 9 de febrero de 2000 reconocían que el síndrome de la chiva estaba vivo (94%) (gráfi co 1); ade- más, califi caron de excesiva la difusión de de- claraciones de los protagonistas del confl icto armado (gráfi co 2); y se mantenía —pese a los mea culpa— la presión periodística a las víctimas de la violencia y a sus familiares (gráfi co 3). Gráfi co 1. Medición año 2000 Gráfi co 2. Medición año 2000 Gráfi co 3. Medición año 2000 La investigación encontró además varios fenó- menos que alertaron no sólo a los investigado- res del Observatorio de Medios, sino también a las agremiaciones periodísticas y medios de co- municación en general; el periodismo colombia- no estaba amordazado por la manipulación de la información (gráfi co 4) y, lo que es más grave, un porcentaje signifi cativo de periodistas había sido o estaba siendo amenazado de muerte (grá- fi cos 5 y 6). Gráfi co 4. Medición año 2000 y Popayán), del 1º al 8 de febrero de 2000. Las entrevistas fueron per- sonales o telefónicas, y su proporción está directamente relacionada con el número de periodistas por medio y por ciudad. La identidad de los entrevistados se mantuvo en reserva para dar mayor confi abi- lidad a las respuestas y por ende a los resultados. Aunque organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtieron del riesgo que se cernía sobre la profesión, era la primera ocasión en la que se hacía una denuncia tan con- tundente que recogía, no una opinión parcial, sino el sentir de los comunicadores en todas las regiones del país. De ahí que el Observatorio de Medios se interesara y adoptara entre sus líneas En el confl icto armado, ¿quién muestra mayor tendencia a manipular la información? 19 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez de investigación el monitoreo constante de la Libertad de Prensa en Colombia. La investigación sobre el Estado de la libertad de prensa en Colombia es el fruto del esfuerzo por brindar mayores elementos de juicio desde la academia en el debate de un fenómeno que tie- ne tan importantes repercusiones en la salud democrática del país. El monitoreo que se inició entonces recopila los principales hallazgos obte- nidos durante mediciones hechas en 2000, 2003 y 2007, y a la vez analiza el grado de evolución o retroceso que ha experimentado la libertad de prensa en Colombia durante estos años. Libertad de prensa, un derecho en el papel La mordaza impuesta al periodismo colombia- no mediante amenazas de muerte se evidenció en la primera medición de la investigación del Observatorio de Medios y fue confi rmada por varios organismos internacionales, entre ellos el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa7, el cual manifestó que entre 1979 y 1999 en Colombia fueron asesinados 118 periodistas; prácticamente un promedio de 6 comunicado- res por año. Dadas las circunstancias, y los pocos cambios evidenciados en los dos años siguientes, el Ob- servatorio de Medios de la Universidad de La Sabana hizo una segunda medición del fenóme- no en 2003. Para entonces, el porcentaje de pe- riodistas amenazados se redujo con relación a la medición del año 2000 del 10 al 7% (gráfi cos 7 y 8), disminución que resultó poco signifi cativa si se tiene en cuenta que el 3% diferencial po- dría estar representado por los periodistas ase- sinados durante el period8; según la Sociedad Interamericana de Prensa, entre enero de 2000 y diciembre de 2003 fueron asesinados 32 perio- distas (SIP, 2008). Gráfi co 5. Medición año 2000 Gráfi co 6. Medición año 2000 7 Otros organismos sustentan los hallazgos del Observatorio Ibero- americano de la Libertad de Prensa. De acuerdo con la Sociedad Inte- ramericana de Prensa (SIP), entre 1988 y 2007 han asesinado 122 pe- riodistas en Colombia. Así mismo, una investigación de la Defensoría del Pueblo registró, durante 1977 y 1995, 108 periodistas asesinados. 8 Para cumplir con los objetivos de la investigación, el equipo de tra- bajo del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, mediante un cuestionario estructurado dirigido a periodistas que cubren el confl icto armado colombiano a través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden pú- blico, realizó del 20 al 31 de enero 200 entrevistas telefónicas en 24 ciudades del país (Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Since- lejo, Cali, Popayán, Pasto, Quibdó, Florencia, Leticia, Bucaramanga, Cúcuta, Arauca, Barrancabermeja, Neiva, Ibagué y Villavicencio). La investigación sobre el Estado de la libertad de prensa en Colombia es el fruto del esfuerzo por brindar mayores elementos de juicio desde la academia en el debate de un fenómeno que tiene tan importantes repercusiones en la salud democrática del país. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 20 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Gráfi co 7. Mediciones 2000-2003 rectores estaban amenazados de muerte (gráfi co 9). Evidencias de esto fueron el exilio al que se vio obligado Carlos Lozano Guillén —director del semanario Voz—, y las amenazas de muer- te denunciadas por Daniel Coronel, director del informativo Noticias Uno, y por Janeth Ojeda, directora del semanario La Noticia (RSF, 2003). Gráfi co 9. Medición año 2000 Gráfi co 8. Mediciones 2000-2003 Los hallazgos de la segunda medición también fueron ratifi cados por Reporteros sin Fronteras, organización internacional que en su informe anual denunció que 45 periodistas fueron ame- nazados de muerte durante el 2002, entre ellos Carlos Pulgarín, reportero de El Tiempo —hoy en el exilio—, y Luis Eduardo Alfonso, para enton- ces periodista de Radio Meridiano del Depar- tamento de Arauca y posteriormente asesinado por desconocidos (RSF, 2003). Pero si el grado de vulnerabilidad del reportero era considerable, no menor resultaba la situación para los directores de medios de comunicación del país. A través de otra investigación, el Ob- servatorio de Medios9 halló que el 48% de los di- 9 La investigación consultó a 31 de los 36 directores fi rmantes del Acuerdo por la Discreción, y a 17 directores de medios no fi rmantes del Acuerdo, cuyas actividades informativas son adelantadas en zo- nas donde el confl icto armado es más agudo. Para el primer grupo (directores de medios fi rmantes del Acuerdo) es prácticamente un censo, mientras que para el segundo, una muestra no representati- va que permite establecer la tendencia de las variables consultadas. Para el último caso fueron entrevistados telefónicamente directores de 11 ciudades (Neiva, Leticia, Yopal, San José del Guaviare, Floren- cia, Villavicencio, Barrancabermeja, Mocoa, Arauca, Puerto Carreño y Pasto). Los directores fi rmantes del Acuerdo se concentran princi- palmente en Bogotá, pero la consulta telefónica se realizó también en Medellín, Pereira, Manizales, Popayán, Barranquilla, Neiva y Ba- rrancabermeja, ciudades donde tienen sede algunos de los medios fi rmantes del Acuerdo. La recopilación de la información se realizó del 9 al 15 de mayo de 2000 por parte de un equipo de observadores integrado por 10 profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. La medición al estado de la libertad de prensa realizada en 2003 incluyó una variable que no había sido investigada, pero que en adelante evidenciaría la realidad del fenómeno en Co- lombia: ¿Cree usted que en Colombia está ame- nazada la libertad de prensa? Los resultados fueron contundentes: el 96% de los periodistas respondió positivamente (gráfi co 10). Esta fue la voz de alarma (la de los afectados) para que el 3 de mayo de 2003 “el Comité para la Protec- ción de Periodistas (CPJ, siglas en inglés) inclu- yera por primera vez a Colombia en la lista de los 10 peores lugares del mundo para ejercer el 21 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez periodismo, al lado de Irak, Cuba, Afganistán, Vietnam, Chechenia, Gaza, Cisjordania, Eritrea y Togo. Obsérvese que entre los países citados, el único que se rige bajo un sistema de demo- cracia liberal del tipo occidental, es el nuestro” (Velásquez, 2003). Gráfi co 10. Medición año 2003 Gráfi co 11. Mediciones 2003-2007 11 Estos porcentajes corresponden a la evaluación hecha por parte de los periodistas entrevistados en la medición de 2007, del grado de amena- Colombia: ¿Un país fértil para la libertad de prensa? Según los datos obtenidos en la tercera medi- ción a la Libertad de Prensa en Colombia hecha por el Observatorio de Medios en 200710, la percep- ción de la amenaza se mantuvo en niveles muy altos según se puede apreciar en el gráfi co 11 (Gómez y Hernández, 2007), y el porcentaje de periodistas amenazados de muerte tuvo un leve incremento (gráfi co 12). Estas cifras demuestran la precariedad de los “logros” de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, y ratifi can que entre gobierno y periodistas hay grandes diferencias a la hora de evaluar los re- sultados en esta materia. 10 Para cumplir con los objetivos de la investigación, el equipo de tra- bajo del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, mediante un cuestionario estructurado dirigido a periodistas que cubren el confl icto armado colombiano a través de unidades de paz, derechos humanos, política y orden pú- blico, realizó del 1 al 30 de septiembre de 2007, 235 entrevistas tele- fónicas en 29 ciudades del país (Bogotá, Medellín, Envigado, Urabá, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Cali, Tuluá, Buenaventu- ra, Florencia, Leticia, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Barrancabermeja, Arauca, Neiva, Ibagué y Villavicencio). Gráfi co 12. Mediciones 2000-2003-2007 Mientras que el mandatario, apoyado en la sen- sible disminución del número de periodistas asesinados —nueve entre enero de 2004 y di- ciembre de 2006—, afi rmaba en Cartagena ante la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que Colombia “(…) es un suelo fértil para la libertad de prensa (…)” (Uribe, 2007, p. 24) el riesgo se transformó y adoptó sutiles formas de presión —no menos peligrosas—, y emergieron muchos más actores de amenaza como se eviden- cia en la tabla 1, en la que se registran al menos 24 de estos grupos, y donde se destaca la acción intimidatoria a la libertad de prensa por parte de organizaciones al margen de la ley (FARC 5,06%, ELN 4,55%, paramilitarismo 4,95%, nar- cotrafi cantes 4,44%) y políticos 4,03%11. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 22 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Tabla 1. Estadísticos de asociación y de diferencia de medias entre las fuentes de amenaza a la liber- tad de prensa según la intensidad de la amenaza percibida en las ciudades * Prueba de bondad de ajuste: chi-cuadrado < 0,05. (†) Prueba de homogeneidad de la varianza < 0,05. za que representaba cada uno de los actores señalados en la escala de uno a seis, siendo uno el más bajo nivel y seis el más alto. Los resulta- dos de esta investigación pueden ser consultados en: sabanet.unisaba- na.edu.co/comunicación/observatorio2006/centrallibertad.htm. Estadísticos Actores Promedio Desv. Eta F p Estándar Gobierno nacional 3,07 1,33 0,44 1,51 0,06 Gobierno regional 3,17 1,55 0,44 1,61 0,04 Gobierno local 3,24 1,58 0,4 1,23 0,22 Ejército Nacional 3,21 1,39 0,49* 1,95 0,01 Armada Nacional 2,63 1,43 0,49* 2,00 0,01 Fuerza Aérea 2,44 1,39 0,55* 2,35(†) 0,00 Policía Nacional 3,22 1,33 0,42 1,32 0,15 DAS 3,12 1,42 0,46 1,64 0,03 Fiscalía General 3,02 1,55 0,44 1,47 0,08 Paramilitares 4,95 1,35 0,51* 2,14(†) 0,00 FARC 5,06 1,30 0,47* 1,71(†) 0,02 ELN 4,55 1,59 0,43 1,36 0,13 Políticos 4,03 1,41 0,44 1,49 0,07 Sociedad civil 2,19 1,32 0,43 1,39 0,12 Anunciantes 3,37 1,58 0,46 1,50 0,07 Gremios 2,94 1,48 0,47 1,76 0,02 Dueños de medio 3,20 1,71 0,45 1,48 0,07 Director de medio 2,96 1,81 0,41 1,04 0,42 Narcotrafi cantes 4,44 1,63 0,45 1,50 0,06 Delincuencia común 3,72 1,57 0,36 0,88 0,64 Iglesia 2,50 1,44 0,43 1,28 0,19 Grupos económicos 3,06 1,47 0,39 1,01 0,46 ONG 2,05 1,21 0,41 1,06 0,40 Diplomáticos 1,93 1,26 0,44 1,11 0,34 Otros 1,00 - - 1,51 0,06 La multitud de presiones que tienen que enfren- tar a diario los periodistas los lleva a asumir la denominada “Ley del silencio” como mecanis- mo de protección, fenómeno que reconoce sin tapujos el 31% de los comunicadores entrevista- dos, según se registra en el gráfi co 13. De acuer- do con el Informe Anual de la Relatoría Especial 23 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez para la Libertad de Expresión de la Organiza- ción de los Estados Americanos: “[…] cuando los Estados no garantizan el derecho a la vida, los periodistas tienen que elegir entre continuar poniendo en riesgo sus vidas y muchas veces las de sus familiares, o bien abandonar sus investi- gaciones y dejar de informar sobre determina- dos temas” (CIDH, 2006). Gráfi co 13. Mediciones 2003-2007 en todas las regiones sin excepción (ver gráfi cos 14 al 17 correspondientes a las cuatro zonas se- gún medición hecha en 2007). Gráfi co 14. Medición año 2007 La libertad de prensa es más vulnerable en las regiones Para los fi nes pertinentes, los investigadores del Observatorio de Medios dividieron el país en seis zonas en las que se concentra la población colombiana y, por ende, donde está el mayor número de periodistas y medios de comunica- ción, según se puede apreciar en el mapa 1. De acuerdo con la distribución y con los resulta- dos de la medición realizada por el Observatorio en 2003, las regiones Atlántica, Oriental y Cen- tral eran las más amenazadas; en ese momento el 100% de la muestra objeto de estudio advirtió sobre esa vulnerabilidad. En 2007, si bien los porcentajes tuvieron una leve disminución en las regiones señaladas, 89, 89 y 87% respectiva- mente, pasa al primer lugar de riesgo la zona Occidental en la que el 91% de los periodistas manifestó su preocupación por el alto grado de peligro al que está sometida la libertad de pren- sa. Es necesario insistir en que los porcentajes de amenaza a este derecho fundamental son altos Gráfi co 15. Medición año 2007 Gráfi co 16. Medición año 2007 ¿Por temor ha tenido que sacrifi car principios profesionales en el manejo de la información? I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 24 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación Gráfi co 17. Medición año 2007 Es preciso iniciar el análisis en la región Occi- dental conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas (mapa 1), donde el más alto porcentaje de periodistas denunció graves amenazas a la libertad de prensa en la medición del Observatorio en 2007, y donde se registra- ron los dos únicos asesinatos de comunicadores durante ese año. La medición realizada en 2003 ya había advertido del peligro que se gestaba en el Valle del Cauca al revelar que “Cali había sido la única de las grandes ciudades donde todos los encuestados respondieron que la libertad de prensa sí estaba amenazada” (Velázquez, 2003). Este era pues un secreto a voces; el departa- mento del Valle del Cauca alberga desde hace muchos años confl ictos que aún no se resuel- ven; en la década de los noventa fue la sede de uno de los grupos más poderosos del narcotrá- fi co, el Cartel de Cali, organización delictiva que fue reemplazada —luego de ser desvertebrada por el Gobierno— por una asociación criminal de mayores alcances, el Cartel del Norte del Va- lle, grupo que mutó y, como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, sus estructuras armadas se convirtieron en paramilitares y luego en otras emergentes bandas de peligrosos delincuentes. En el transcurso de este proceso los comuni- cadores del Valle del Cauca no sólo se vieron obligados a sortear los peligros que representa- ba cubrir las desmovilizaciones de los parami- litares acogidos a la Ley de Justicia y Paz y las consecuentes audiencias judiciales, sino tam- bién lidiar con el nacimiento y fortalecimiento de bandas fi nanciadas por el narcotráfi co, tales como las Águilas Negras, que se dieron a la ta- rea de ocupar viejos territorios de dominio de grupos paramilitares reinsertados (Gómez y Hernández, 2008). Como se advirtió, las regiones Atlántica (con- formada por los departamentos de Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira), Oriental (Boyacá, Santander, Norte de Santander y Arauca) y Central (Cundinamarca, Meta, Tolima y Huila) presentan altas tasas de vulnerabilidad según las mediciones del Obser- vatorio de Medios en 2003 y 2007. Las denuncias de los periodistas en estas zonas del país están fundamentadas en varias eviden- cias: en primer lugar, éstos fueron territorios en los que se presentó el 59% de los casos de asesi- natos a periodistas durante el periodo compren- dido entre 2000 y 2003, situación que golpeó con especial dureza a la región Oriental en la que murieron 10 comunicadores, 4 de ellos en Arau- ca (SIP, 2008). La alta peligrosidad de este depar- tamento ya había sido advertida por una misión de observación conformada por representan- tes de varios organismos internacionales y que viajó a la zona en 2002. Una de las principales anotaciones del informe fue: “Las amenazas di- rectas o indirectas que le han hecho a la prensa guerrillas y los paramilitares han restringido de manera considerable la posibilidad de informar con libertad”. Y concluyó de manera categórica: “En Arauca ya no hay información” (FLIP, 2002). Se advierte, además, que en la zona Oriental se ubica Cúcuta, capital de Norte de Santander, ciudad que fue epicentro de atentados dinami- teros contra RCN Radio, Caracol Radio y Radio Reloj (RSF, 2003). 25 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez Mapa 1. Regiones donde se realizó la investigación Estado actual de la libertad de prensa en Colombia. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 26 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación En la Costa Atlántica, una de las zonas de ma- yor infl uencia y penetración del paramilitaris- mo, se presentaron 8 muertes, la mitad de éstas en Santa Marta (SIP, 2008). Allí ejercieron el te- rror los bloques Central Bolívar (liderado por Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”), Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (subordinadas a Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jor- ge 40”), Autodefensas del sur del Magdalena e Isla de San Fernando (lideradas por José María Barrera, alias “Chepe Barrera”) y Bloque Mon- tes de María (cuya principal cabeza fue Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”). Y como si la presión paramilitar fuera poca cosa, el 16 de di- ciembre de 2002 las FARC atentaron contra las instalaciones de RCN Televisión en Valledupar (RSF, 2003). Cabe agregar que en las regiones Atlántica y Oriental, el gobierno del presidente Álvaro Uri- be Vélez instaló en agosto de 2002 sendas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, territorios don- de se decretaron “estados de excepción” que tres meses después serían declaradas inconsti- tucionales (Velásquez, 2003). Durante el tiempo de vigencia de estas zonas “especiales de orden público” se expidió un decreto que obligaba a los periodistas extranjeros y a los pe- riodistas colombianos que trabajan para medios internacionales, a pedir una autorización al Mi- nisterio del Interior para visitar las zonas afec- tadas. El texto autorizaba arrestos y registros de domicilio sin mandato judicial. Las autoridades militares podían también ordenar escuchas tele- fónicas e interceptar correos, sólo con la autori- zación verbal de un juez (RSF, 2003). La medida del gobierno Uribe no sólo fue criti- cada por sus contravenciones hacia la prensa; la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejem- plo, en julio de 2003 recordó que allí: (…) abundaron los abusos, los desbordamien- tos y las intencionales omisiones; (…) las medi- das de orden público adoptadas en las zonas de rehabilitación y consolidación no fueron toma- das en forma integral, ya que se concentraron en cambiar principalmente la contrainsurgen- cia, ignorando o soslayando el problema de la actividad paramilitar. Puede afi rmarse que los grupos paramilitares lograron consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas” (Oacnu- dh, 2003). Las observaciones al gobierno Uribe por parte de la Ofi cina del Alto Comisionado de las Na- ciones Unidas para los Derechos Humanos no eran infundadas, como lo demuestra la medi- ción del Observatorio de Medios en 2007, cuan- do un signifi cativo porcentaje de periodistas de las regiones Occidental (48%), Atlántica (35%) y Oriental (32%) manifestó haber sido objeto de amenazas de muerte en algún momento del pe- riodo de estudio. Gráfi co 18. Medición año 2007 En las regiones Atlántica y Oriental, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez instaló en agosto de 2002 sendas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, territorios donde se decretaron “estados de excepción” que tres meses después serían declaradas inconstitucionales. 27 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez Gráfi co 19. Medición año 2007 la investigación del Observatorio de Medios co- inciden con la información de las autoridades sobre el número de homicidios de comunicado- res ocurridos en Colombia durante el periodo 2004-2007; de un total de 11 casos, un 45% co- rresponde a los departamentos de la zona At- lántica (SIP, 2008). En la tabla 2 llama la atención que las regiones que fueron declaradas Zonas de Rehabilitación y Consolidación (Oriental y Atlántica) conti- núen hoy como las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico, y que en ellas el número de actores de la amenaza se haya incre- mentado sustancialmente. Los periodistas que trabajan en estos departamentos son ahora víc- timas, no sólo de los grupos al margen de la ley, sino también de grupos de presión que desde la legalidad coaccionan e intimidan sin piedad. Estas nuevas fi guras que atentan contra la liber- tad de prensa, quién lo creyera, son los políticos, los gobiernos locales y regionales, los anuncian- tes, los directores y los dueños de los medios. Es decir: todos amenazan. Muchos francotiradores, una sola víctima: la libertad de prensa El fenómeno es complejo y no basta con obser- var lo que ocurre en una o en varias regiones del país. Aquí es necesario analizar el todo y las partes. Cuando se habla del todo, se deben mi- rar con detenimiento los resultados de las medi- Gráfi co 20. Medición año 2007 Otra zona con alta vulnerabilidad según la in- vestigación es la región central del país, confor- mada —para los efectos del estudio— por los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima, donde fueron asesinados seis periodis- tas (SIP, 2008), y las FARC realizaron atentados contra Villavicencio (capital del departamento del Meta), uno de ellos con un carro bomba en una zona de diversión, y en el cual murieron 10 personas y otras 70 resultaron heridas (Verdad Colombia, 2002). Esta situación fue producto de que la zona Centro limita con la denominada Zona de Distensión establecida en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana para adelantar negociaciones de paz con el grupo subversivo (Velázquez, 2003). De nuevo los resultados de Llama la atención que las regiones que fueron declaradas Zonas de Rehabilitación y Consolidación (Oriental y Atlántica) continúen hoy como las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico, y que en ellas el número de actores de la amenaza se haya incrementado sustancialmente. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 28 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación ciones para el país en general y después cruzar esta información con los datos obtenidos por los investigadores en las regiones. Si bien las cifras coinciden, en las mediciones se presentan mati- ces que pueden advertir fenómenos diferentes. La tabla 2 puede ayudar en esta tarea. Tabla 2. Intensidad de la amenaza a la libertad de prensa según los periodistas. Resultados totales de las mediciones hechas en 2003 y 2007 (porcentaje). 2003 2007 Intensidad de la amenaza Baja Media Alta Baja Media Alta Gobierno nacional 38 50 12 32 51 17 Gobierno regional (departamento) -- -- -- 36 39 25 Gobierno local (municipio) -- -- -- 37 39 24 Fuerzas Armadas 30 46 24 Ejército Nacional -- -- -- 28 52 20 Armada Nacional -- -- -- 47 41 12 Fuerza Aérea -- -- -- 55 35 10 Policía Nacional -- -- -- 28 55 17 DAS -- -- -- 35 45 20 Fiscalía General de la Nación -- -- -- 40 36 24 Paramilitares 4 20 76 8 20 72 Guerrilla 2 20 78 FARC -- -- -- 6 17 77 ELN -- -- -- 15 24 61 Políticos -- -- -- 14 44 42 Sociedad civil -- -- -- 65 26 9 Anunciantes 37 39 24 30 44 26 Gremios -- -- -- 40 43 17 Dueños del medio de comunicación 38 42 20 36 37 27 Director del medio de comunicación -- -- -- 48 26 26 Narcotrafi cantes 10 27 63 15 25 60 Delincuentes comunes -- -- -- 23 45 32 Iglesia -- -- -- 56 31 13 Grupos económicos -- -- -- 36 47 17 ONG -- -- -- 69 26 5 Diplomáticos -- -- -- 77 18 5 Actores Nota: en 2003 no se midieron las variables en las cuales aparece la convención (--). 29 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez Para efectos prácticos del análisis conviene agrupar en dos categorías fundamentales a los actores que representan el mayor riesgo a la li- bertad de prensa en Colombia: Primera categoría. Conformada por organi- zaciones al margen de la ley: guerrillas —FARC y ELN—, paramilitares y narcotrafi cantes. En la medición de 2003, para el 78% de los perio- distas la guerrilla representaba un alto grado de amenaza, seguida por paramilitares con el 74% y los narcotrafi cantes con el 62%. En la medición de 2007 conserva el primer lugar de amenaza la guerrilla de las FARC con el 77%, seguida por los paramilitares con el 72%, el ELN con el 62% y los narcotrafi cantes con el 60%. Tanto los hechos como algunos organismos in- ternacionales confi rman las denuncias del Ob- servatorio de Medios de la Universidad de La Sabana en las mediciones de la investigación. En el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma- nos se manifestó que: (…) las FARC y el ELN continúan rechazando el estar obligados a respetar el Derecho Inter- nacional Humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y ni- ñas, los grupos guerrilleros han seguido colo- cando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos períodos de tiempo en condiciones inhumanas (Oacnudh, 2009). En 2003, el Observatorio advirtió que el grado de amenaza que representaba la guerrilla de las FARC no era homogéneo, pese a que en esa épo- ca era la “campeona” de las amenazas en todo el país. En Bogotá y en la región Occidental tenía especial interés en amenazar, con porcentajes que superaban el promedio nacional: 99 y 96% respectivamente. Y la realidad de los hechos de- mostró la gravedad del problema. Este grupo subversivo arreció sus acciones armadas prin- cipalmente en estas zonas después de que el Gobierno de Andrés Pastrana rompiera los diá- logos de paz. Por un lado, el 9 de abril de 2002 la capital colombiana sufrió la detonación de cinco artefactos explosivos (uno de ellos fue un cadá- ver bomba), y en plena ceremonia de posesión presidencial de Álvaro Uribe fueron lanzadas varias granadas de mortero contra las comitivas y el Congreso de la República. Pero el peor aten- tado de la guerrilla en contra de Bogotá ocurrió el 7 de febrero de 2003 cuando fue dinamitado el club El Nogal, acción que produjo la muerte a 36 personas y heridas de gravedad a cerca de 200 (Verdad Colombia, 2002). Por su parte, la región Occidental fue epicentro de dos graves atentados contra los derechos hu- manos que merecieron un amplio cubrimiento de los medios de comunicación: el 12 de abril de 2002, la columna Arturo Ruiz de las FARC secuestró a 12 diputados de la Asamblea del Valle —años más tarde los asesinó en la selva colombiana—. El 2 de mayo de ese mismo año este grupo insurgente perpetró la masacre de Bojayá (Chocó), donde murieron 119 personas al ser lanzado un cilindro bomba contra la igle- sia del municipio en la que se había refugiado la población civil para evitar el fuego cruzado de insurgentes y paramilitares. La investigación hecha por el Observatorio en 2007 dio un parte todavía más preocupante: las FARC son, ahora, en todas las regiones (excepto en la Occidental) el actor que lidera las amenazas sobre la libertad de prensa (Gómez y Hernández, La investigación hecha por el Observatorio en 2007 dio un parte todavía más preocupante: las FARC son, ahora, en todas las regiones (excepto en la Occidental) el actor que lidera las amenazas sobre la libertad de prensa. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 30 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación 2008). Debido precisamente a las amenazas de este grupo, el director del informativo Seis A.M., Hoy por Hoy de la cadena básica de Caracol, Darío Arizmendi, engrosó temporalmente la lis- ta de exiliados colombianos. Según el periodis- ta, varias llamadas intimidantes y un atentado fallido en el último semestre fueron las causas de su salida del país junto con su familia. Las directivas de la cadena radial respalda- ron la decisión del periodista y le permitieron emitir su programa desde una de las emisoras del Grupo Prisa en el exterior. Por su parte, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vé- lez, ofreció una recompensa de mil millones de pesos por informaciones que permitan la cap- tura de los autores de las amenazas (FLIP, abril de 2007). Lo anterior recuerda que a las acciones propias del confl icto armado se debe añadir que las FARC, de acuerdo con informaciones de organi- zaciones que monitorean la situación de la liber- tad de prensa en el mundo, son responsables de las muertes de los periodistas Alfredo Abad, Gui- llermo León Agudelo, Pablo Emilio Parra, Héctor Sandoval, Elizabeth Obando, Juan Carlos Bena- vides, José Nel Muñoz y José Argemiro Mora. Los paramilitares se consolidan como el segun- do actor más peligroso para la libertad de pren- sa en Colombia. En la medición de 2003 fueron señalados con alta injerencia por el 76% de los periodistas de todo el país. La peligrosidad de estos grupos armados queda demostrada con los asesinatos de dos periodistas muy infl uyen- tes en sus regiones de trabajo: Orlando Sierra, subdirector y columnista del diario La Patria de Manizales, y Efraín Varela, dueño de Radio Me- ridiano 70 de Arauca. En el caso de Sierra, por ejemplo, quien fue aba- leado frente al periódico el 30 de enero de 2002, Luis Miguel Tabares Hernández, alias “Tilín”, y Luis Arley Ortiz Orozco, alias “Pereque”, fueron condenados a 28 años de cárcel por ser identifi cados como autores materiales del deli- to. Sin embargo: Conviene tener en cuenta que no existen actual- mente procesos en curso contra ningún autor intelectual del homicidio de Orlando Sierra. Lo único que ha sucedido en esta materia es que en septiembre de 2006 fue llamado a rendir versión libre el director del Partido Liberal en Caldas y ex diputado Ferney Tapasco González, señala- do por algunos testigos como autor intelectual del homicidio del periodista (Uprimny y Pu- yana, 2008). A este respecto, Fernando Ramírez, jefe de Re- dacción del diario La Patria, en una entrevista con el director del Observatorio de Medios, Juan Carlos Gómez Giraldo, aseguró que el crimen de Orlando Sierra “está impune y va a estar impu- ne (…) pues hay muchos a quienes les interesa que el caso no se resuelva”. Y aseguró también que “el problema no es de sicarios. El problema es que desde las ofi cinas, desde los altos círculos políticos o sociales del país se maneja el sicaria- to en la sociedad”. Tras el asesinato del comunicador surgió en 2002 el Proyecto Manizales como muestra de solidaridad de diversos medios del país. Las redacciones de las empresas informativas La Patria, El Diario del Huila, El Nuevo Día, El Es- pectador, Cambio, El Tiempo y Semana se unieron para investigar los posibles autores intelectua- les de éste y otros crímenes de periodistas. Para el caso de Sierra, se llegó a la conclusión de que su asesinato fue la expresión de una peligrosa 2008) D bid i t l d Los paramilitares se consolidan como el segundo actor más peligroso para la libertad de prensa en Colombia. En la medición de 2003 fueron señalados con alta injerencia por el 76% de los periodistas de todo el país. 31 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez relación entre algunos políticos de la zona y el paramilitarismo. Al adentrarse en la investigación de 2007, el equipo de trabajo del Observatorio de Medios contempló como posible conclusión (anticipada) que el nivel de obstrucción de las autodefensas descendería considerablemente por el proceso de desmovilización y de reinserción iniciado en 2003 dentro de la Ley de Justicia y Paz. No obstante, en la medición de 2007 el indicador se mantuvo en los niveles anteriores; para el 72% de los periodistas consultados los paramilitares representaban una alta amenaza a la libertad de prensa. El hallazgo contradice el exitoso balance que presentó el Gobierno Nacional y sólo confi r- ma que “las presiones de este grupo ilegal tienen ahora diversas manifestaciones. Por una parte, los periodistas son atemorizados por los grupos que nunca se reinsertaron o por aquellas bandas emergentes nacidas luego del proceso, como es el caso de las Águilas negras” (Gómez y Hernán- dez, 2008). Incluso en las audiencias públicas de juicio a los paramilitares se pudo establecer que las muertes de los comunicadores José Emeterio Rivas y Martín La Rott a Duarte también estaban vinculadas al accionar paramilitar. En esta categoría aparecen por último los narco- trafi cantes, señalados por el 61,5% de los perio- distas como actores de alta peligrosidad. Cabe destacar que hay especial preocupación por el accionar de estos grupos en Bogotá y en la Región Occidental (ver mapa 1), zonas de im- portancia estratégica para el tráfi co de drogas. En la primera, dado el tamaño de la economía de la capital del país, ésta será siempre atrac- tiva como principal centro de inversiones y de lavado; así pues, durante los últimos meses se ha convertido en el cementerio de los muertos que deja el ajuste de cuentas de los carteles. Y en la segunda, en el Valle del Cauca la dinámica de la violencia se genera por dos fenómenos: la confrontación de las estructuras mafi osas y la infl uencia de los actores armados ilegales. El Cauca, por su parte, se ha confi gurado como un territorio importante en la movilización de la guerrilla, ya que allí convergen corredores entre la Amazonia y el Océano Pacífi co. La zona del Pacífi co es primordial para el tráfi co de armas y de droga. Una de las características de este departamento es la relación entre el crecimiento de cultivos ilícitos y la expansión de los grupos armados ilegales, según la Vicepresidencia de la República (PNUD, n. d). Segunda categoría. Integrada por los go- biernos nacional, regional y local, y los organis- mos de seguridad del Estado, actores sobre los cuales bien vale centrar la atención en algunos aspectos. Los comunicadores colombianos se- ñalan que el Gobierno Nacional representa una amenaza intermedia a la libertad de prensa. Y es que, a diferencia de otros gobiernos, el pre- sidente Álvaro Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones confl ictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetidas ocasiones, llamados de atención a la cordura de parte de organizaciones como Human Rights Watch. Al respecto, en 2004 el Observatorio de Medios y el Círculo de Periodistas de Bogotá evaluaron la relación existente entre el presidente y los me- dios de comunicación colombianos: el 50% de los directores entrevistados aseguraron que no consideraban correcta la forma en que el presi- dente intervenía en las plazas mediáticas: “De- masiado protagonismo”, afi rmaron algunos; “Mucha imagen y mucho despliegue pero pocas soluciones”, aseguraron otros. Así mismo, la en- cuesta reveló que representantes del mandata- Al adentrarse en la investigación de 2007, el equipo de trabajo del Observatorio de Medios contempló como posible conclusión (anticipada) que el nivel de obstrucción de las autodefensas descendería considerablemente por el proceso de desmovilización y de reinserción iniciado en 2003 dentro de la Ley de Justicia y Paz. I S S N 0 1 2 2 - 8 2 8 5 32 Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación rio habían ejercido presiones a los directores de medios, aunque los casos eran menores (15%) (Torres y Velásquez, 2004). En cuanto a las salidas de tono presidenciales, una de las más recordadas fue tal vez aquella en la que el presidente reclamó en tono airado al director de la revista Semana, Alejandro Santos, la publicación de informaciones sobre la infi l- tración del paramilitarismo en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En una en- trevista concedida por el mandatario a Noticias RCN, el 11 de abril de 2006, en la cual partici- pó el director de la revista, afi rmó entre otros apartes: “[…] aquí no estamos en un juego de muñecas. Estamos en una cosa muy seria, que la debería entender el doctor Alejandro Santos, en lugar de continuar con publicaciones graciosas y frívolas, haciendo daño a la legitimidad insti- tucional (…)”. Y agregó el presidente Uribe que: “(…) un Gobierno que ha dado de baja a 1.632 paramilitares no puede permitir que el atrevi- miento periodístico irresponsable y faltando a la verdad ponga en duda su legitimidad” (Gó- mez y Hernández, 2008). A la amenaza representada por el Gobierno Na- cional se suma la protagonizada por los gobier- nos regionales y locales, los cuales y, según la medición del Observatorio en 2007, registran una intensidad media del 39%. De hecho, las muer- tes de los periodistas Juan Camilo Restrepo, Or- lando Sierra, Jaime Rengifo, William Soto, Julio Hernando Palacios, Gustavo Rojas y Javier Darío Arroyave pudieron estar relacionadas con inves- tigaciones que realizaban en sus regiones sobre hechos de corrupción política. Con referencia al caso de este último, la FLIP ha señalado: Arroyave fue víctima de una obstrucción a su labor por parte del entonces alcalde de Carta- go, Luis Alberto Castro, hoy en día destituido. En esa oportunidad Castro congeló los contra- tos de pauta publicitaria al programa Cómo les parece, que dirigía Arroyave, y se negó a conce- der entrevistas a los periodistas de ese espacio” (FLIP, 2007, p. 45). Finalmente, en esta segunda categoría es preciso mencionar el grado de amenaza que representan los organismos de seguridad del Estado. Los pe- riodistas han coincidido en otorgar en las inves- tigaciones de 2003 y 2007 una califi cación media del 46%. De acuerdo con el estudio de 2003, el Ejército Nacional era el organismo que mayor presión ejercía (28%) para que, en ocasiones, no se publicara cierto tipo de informaciones, segui- do de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ambos con un 24%. La encuesta apli- cada en 2007, por su parte, reveló la siguiente distribución de la amenaza, en este caso de nivel medio, entre los organismos de seguridad del Estado: Policía Nacional (55%), Ejército Nacio- nal (52%), DAS (45%), Armada Nacional (41%) y Fuerza Aérea (35%). Conclusiones Este recorrido histórico por las investigaciones del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana muestra que en Colombia la libertad de prensa permanece en estado crítico, y que su evolución ha sido negativa durante los últimos diez años. Un alto porcentaje de periodistas está amenaza- do de muerte; a los tradicionales actores arma- dos que amenazaban (guerrilla y paramilitares) se han sumado, como factor de riesgo, organis- d í A ó El Cauca, por su parte, se ha confi gurado como un territorio importante en la movilización de la guerrilla, ya que allí convergen corredores entre la Amazonia y el Océano Pacífi co. La zona del Pacífi co es primordial para el tráfi co de armas y de droga. 33 Vo l u m e n 1 2 N ú m e r o 1 J u n i o d e 2 0 0 9 Juan Carlos Gómez-Giraldo, Juan Camilo Hernández-Rodríguez mos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en algunas regiones para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regionales y locales a quie- nes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabi- lizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones. Actualmente, el Estado produce y procesa la información y acorrala12 a los periodistas limi- tándolos a informar a través de comunicados de prensa que construyen la “verdad” de los hechos. En otras circunstancias, cuando el ma- nejo de la información noticiosa amerita el es- tablecimiento de normas claras para todas las víctimas del confl icto armado sin excepción (caso concreto de los secuestrados), el gobierno ha fabricado un doble juego que pone al descu- bierto elementos que atentan contra la libertad de prensa. Véase como claro ejemplo que tras el éxito de una operación militar los ex rehenes de la guerrilla son presentados sin restricción ante los medios como protagonistas de un show, mientras que en otros casos el mismo gobierno argumenta la necesidad de establecer un pro- tocolo emanado del Ministerio de la Protección Social para preservar la salud mental de las víc- timas del plagio, con el fi n de mantener a raya a los periodistas. La situación es preocupante, más aún si se tiene en cuenta que desde las altas esferas del gobier- no se desestiman las denuncias de los comuni- cadores en todas las regiones, con el recurso de impactar a la opinión pública nacional e inter- nacional mostrando cifras que dan cuenta de la disminución de los asesinatos durante los últi- mos años, con la única intención de poner punto fi nal a una discusión que tiene mucho más de largo y ancho. Referencias Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (2006). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible en: www.der.oas.org/ espokespersons_meeting_june07v2_files/Pre- sentacion.Uruguay.junio.2007.doc [Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2008]. Dirección General de Prevención y Atención de Desastres. Acerca de fenómenos naturales, DGPAD. 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